Publicado por: Andrés Mejía
Cada vez más los colombianos oímos mencionar una expresión con la que no estamos muy familiarizados: “política industrial”. Se ha conformado incluso una agremiación dedicada a defender este concepto, presidida por la ex ministra Martha Lucía Ramírez. La expresión en sí misma involucra una petición: la de que el Estado, de alguna manera, “ayude” al sector manufacturero, ya que este enfrenta una situación severa.
En principio las cifras apoyan esa necesidad. La Muestra Mensual Manufacturera del Dane muestra para enero de 2013 una caída de 1,7 por ciento en la producción fabril con relación a enero de 2012. Como rama de actividad económica, la industria cayó 0,7 por ciento en la medición del PIB del 2012. Algunos atribuyen esto a una presunta “enfermedad holandesa”, un mal para la industria causado por el auge de las exportaciones extractivas. Otros culpan a la revaluación y otros a los tratados de libre comercio.
Hay muchas razones para apoyar a la industria y para que esa ayuda venga del Estado. La industria es un gran generador de empleo; suele también favorecer la innovación y el desarrollo tecnológico; tiene muchos encadenamientos productivos; en la mayoría de países ricos, las épocas de mayor desarrollo socioeconómico coinciden con épocas de auge manufacturero.
Pero hay formas malas y buenas de apoyar a la industria. Y como las malas son las más fáciles, son las que corren a reclamar algunos industriales. Básicamente es pedirle al gobierno que los proteja de la competencia mediante aranceles y barreras comerciales. El presidente de Fabricato llegó a decir el pasado viernes en La W que gracias a unos aranceles su empresa es ahora más competitiva.
No es verdad: no es más competitiva, sino que tiene menos competencia. Buscar “competitividad” mediante aranceles no es más que castigar al consumidor con precios más altos y un rango menor de opciones. A un industrial debería darle vergüenza pedir esa protección, cuando se supone que deben ser su ingenio, sus ideas y su capacidad de innovación los que le permitan competir.
El Estado debe ayudar a la industria, pero con inversiones de beneficio general: infraestructura, educación, apoyo a la ciencia y la tecnología, una mejor administración de justicia, y apoyo general al mercadeo internacional de los productos colombianos. Que cumpla así el Estado su papel y cumplan el suyo los empresarios, que es crear, innovar y esforzarse para vender. No suplicar al Estado que castigue al consumidor para favorecerlos a ellos.
