Publicado por: Andrés Mejía
Los medios registraron el pasado viernes un pronunciamiento de la iglesia católica, en el cual se tacha de pecado la celebración de uniones del mismo sexo por parte de notarios. ¿Cómo debe analizarse este hecho desde una perspectiva neutra e institucional?
Para empezar, la noción de pecado es de carácter religioso, no legal, ni siquiera ético. Por tanto, la definición de lo que es pecado es un asunto interno de cada religión, y cada una de ellas lo resolverá a su manera. También es asunto de los fieles de cada religión examinar si siguen las instrucciones de sus jerarcas.
Desde ese punto de vista, es normal que un jerarca católico indique a sus fieles que cierta conducta es pecado, y pida que se abstengan de realizarla.
Pero dicho pronunciamiento debe entenderse dentro de los estrictos límites de lo religioso, es decir, de lo que una cierta comunidad y sus jerarcas creen sobre lo que es bueno y malo. No puede exceder esos límites y convertirse en un llamado a desobedecer la ley.
Por tanto, si la iglesia considera que la celebración de uniones gay es un pecado, debe pedir a los notarios católicos que renuncien a sus cargos, ya que ellos tienen la obligación legal de celebrar dichas uniones, y el mandato religioso de la iglesia no puede interponerse en el cumplimiento de ese deber.
De igual manera, si un notario es católico y considera que sus jerarcas tienen razón, debe abandonar su oficio, por cuanto es la única manera de cumplir al mismo tiempo con su deber legal y con las obligaciones religiosas autoimpuestas.
Lo que resultaría absolutamente inaceptable es que la iglesia, sobre la base de un mandato que concierne únicamente a su comunidad, y que no hace parte del conjunto de normas que con carácter obligatorio rigen a nuestra sociedad secular y múltiple, hiciera un llamado a que los notarios desconozcan su obligación legal, y de esa manera vulneren los derechos de una parte de la población.
Pero eso es lo que ha hecho la iglesia: ha llamado a la desobediencia de la ley. Y una vez más, desconociendo el hecho de que nuestra sociedad debe regirse por normas de común aceptación, las cuales no coinciden ni tienen por qué coincidir obligatoriamente con sus doctrinas, se ha amparado en una presunta autoridad divina para desconocer la ley civil. Cuya observancia es, además, nuestra única esperanza de civilización.
