jueves 25 de noviembre de 2021 - 12:00 AM

La intimidad de las mujeres públicas

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El artículo 15 de la Constitución que nos rige garantiza a todas las personas el derecho a su intimidad personal, pero en 1925 ningún concejal de Barrancabermeja podía conocer ese principio de la vida social. En esa corporación municipal se puso a discusión el problema de los gastos que ocasionaba al erario público el Dispensario, establecido desde 1923 para ofrecer asistencia médica y farmacéutica de urgencia a los pobladores enfermos de la localidad. La atención de las enfermedades de transmisión sexual aumentaba los costos y algunos trabajadores se quejaban de sus achaques y miserias por esta causa. A alguien se le ocurrió establecer un impuesto a las mujeres públicas, pagadero semanalmente por dos categorías: las mujeres de la primera clase pagarían dos pesos y las de la segunda clase pagarían un peso. Las mujeres pudorosas que se negaran a acudir al Dispensario y pidieran médico a su casa para reconocimiento pagarían cinco pesos semanales.

El gobernador de Santander se negó a aprobar este acuerdo, quizás porque no podía entender cómo una profesión “ilícita pero tolerada” tenía que pagar un impuesto semanal para tolerar una abierta violación a la intimidad de sus oficiantes. Pero el hecho es que el Dispensario lo cobró hasta 1929, pese a su ilegalidad. A los concejales de este último año debemos la suspensión de este cobro abusivo, que dio paso a la apertura del hospital de caridad que reemplazó al Dispensario en sus funciones.

Cuando el alcalde Manuel Gutiérrez tuvo que sancionar el acuerdo que extinguió el abuso, a su pesar, confirmó la mentalidad social que lo había permitido: el reconocimiento semanal practicado a las mujeres públicas en el Dispensario habría sido útil no solamente para el control profiláctico de esa “profesión ilícita”, sino que muchas mujeres, “por temor y vergüenza del reglamentario”, habían preferido emigrar, así como otras muchas se abstuvieron de venir al puerto para no someterse al examen. Este razonamiento denuncia que el impuesto que se cargó a las mujeres públicas estaba vinculado a una violación de su intimidad, pues semanalmente el médico oficial tenía que revisarlas visualmente. Los tiempos pasados no siempre fueron mejores.

armando martínez G.
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