jueves 30 de enero de 2020 - 12:00 AM

Economía feminista, paso hacia la equidad

es hora de dejar de definir en las estadísticas a las mujeres dedicadas a los trabajos domésticos y labores de cuidado - amas de casa – como Población Económicamente Inactiva o “improductivas”.
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A finales de 2018, la Corte Constitucional tumbó el IVA a las toallas higiénicas y tampones. Este antecedente invita a considerar la discriminación económica hacia las mujeres y los impuestos sexistas en Colombia; particularmente el IVA, impuesto indirecto que puede generar una forma de discriminación hacia las mujeres indirecta y poco visible.

Así las cosas, desde hace unas tres décadas ha surgido la economía feminista como línea de investigación propia que permite visibilizar lo invisible, o más bien lo invisibilizado por las estadísticas y la economía mercantil tradicional. No se trata de inventos de amargadas mujeres extremistas, sino de una escuela de pensamiento económico con una nueva perspectiva y desafiante del análisis tradicional que desconoce el trabajo realizado dentro de los hogares, valioso para el funcionamiento de la sociedad.

Vale señalar que la OIT reconoce las labores domésticas y de cuidado no remuneradas como trabajo que aporta a la economía de los países. En Colombia, va a cumplir diez años la ley 1413 que regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales para así medir la contribución de las mujeres al desarrollo económico y social del país. Así, en 2013, el DANE evidenció que estos trabajos de cuidado, no remunerados y generalmente desempeñados por mujeres – aún si también trabajan con remuneración fuera de sus hogares –, de ser pagados, representarían el 20% del Producto Interno Bruto-PIB del cual las mujeres aportarían el 16,3%.

Por lo tanto, es hora de dejar de definir en las estadísticas a las mujeres dedicadas a los trabajos domésticos y labores de cuidado - amas de casa – como Población Económicamente Inactiva o “improductivas”.

La división sexual del trabajo y el desnivel en la repartición de las tareas domésticas, perjudican la autonomía económica de las mujeres. Muchas acuden a la informalidad para generar recursos, perdiendo la posibilidad de tener una pensión de retiro. Así una mayoría de mujeres permanece en estado de desprotección, sin garantías de sus derechos.

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