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opinion/columnistas/christiane lelievre
Miércoles 16 de junio de 2021 - 12:00 PM

No todo es por culpa del Covid-19

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Es sabido que la pandemia y las restricciones adoptadas para frenar la circulación del virus han exacerbado y hecho evidentes situaciones de desigualdad e injusticia, flagrantes pero ignoradas. Así, la crisis económica y el desempleo o trabajo informal incrementaron y las falencias del sistema de salud desbordaron las necesidades.

Lo mismo ocurre para las vidas de las mujeres y las violencias de género. Nada nuevo, pero todo peor. Y, una vez más, las instituciones no alcanzan a responder a las necesidades, algunas disposiciones legales se ignoran y se paralizan los cambios.

Esto se denunció en el debate de control político sobre garantía de derechos de la mujer realizado el pasado viernes en la Asamblea departamental de Santander. Unas fallas vienen de “antes”, otras se confirmaron o incrementaron durante la pandemia.

Se criticó alguna desconexión entre las necesidades de las mujeres en defensa de sus derechos y las acciones emprendidas desde la Gobernación, por la secretaria de la mujer que desconoce el espacio del Consejo Consultivo de Mujeres. No duró mucho el entendimiento entre los movimientos de mujeres y la recién estrenada Secretaría departamental de la mujer que, con enfoque asistencialista, puede usarse de trampolín electoral para su titular. Se reiteraron las denuncias sobre irregularidades en la creación y funcionamiento de la única casa refugio apoyada por la Gobernación; mientras la responsable de la casa Berracas de Barranca se lucía con su preparación y compromiso en apoyar mujeres destrozadas; sin recursos del departamento.

Frente al aumento de feminicidios, las organizaciones denuncian que todavía se tipifican feminicidios como homicidios o posible suicidio. No existe ruta de atención a los familiares de las víctimas de feminicidios, ni programas para “huérfanos/as de feminicidio”. En general las mujeres víctimas no cuentan con representación por parte del Estado que defienda sus derechos como víctimas. Los casos deben salir en las redes sociales o medios de comunicación para recibir la debida atención. Así lo expuso la abogada Johana Vega, quién solo con la presión ejercida en redes sociales y medios de comunicación, más de tres años después, obtuvo medida de aseguramiento carcelario para su agresor. Esperemos que no se dejen vencer los términos.

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