¿Quién es el extraterrestre?

Las imágenes en redes sociales están a la orden del día: lo que antes eran ríos caudalosos, rebosantes de biodiversidad, hoy son caños secos o lo suficientemente contaminados como para que no sobreviva nada allí. Donde el daño ambiental aún no es irreparable, la incompetencia de las autoridades pone en riesgo lo poco que queda: los páramos con minería, Caño Cristales con exploración petrolera, San Martín en el Cesar con fracking, las ciénagas atravesadas por carreteras 4G...

Y cuando se les cuestiona, cuando se les presenta evidencia más sólida que la descabellada búsqueda en Google del gerente de Ecopetrol, entonces se irritan y responden con una pataleta.

Muchos tomadores de decisiones gubernamentales están cegados por una visión ramplona del capitalismo. Incapaces de pensar una economía de mercado productiva, competitiva y diversificada. Obsesionados con generar rentas cortoplacistas para tapar el déficit fiscal aún a costa de los ecosistemas.

Durante “El Niño”, 124 municipios padecieron desabastecimiento de agua; Bogotá y Medellín enfrentaron crisis por contaminación atmosférica y el Ideam proyecta que el Caribe y la Orinoquia se desertifican como consecuencia del cambio climático. Pero altos funcionarios y sectores de la empresa privada siguen empeñados en que el petróleo, el carbón y el oro son más importantes que los ecosistemas o que contar con una política de adaptación al cambio climático.

Pero esta semana la sociedad civil, el Congreso, los medios comunicación y los activistas demostramos que no todo está perdido. En menos de una semana desde el anuncio de la ANLA, la acción colectiva informada logró la revocatoria de una de las 4 licencias para explorar yacimientos petroleros en la Serranía de La Macarena. Un absurdo disfrazado de decisión técnica que reveló graves fallas y abusos desde el Estado en la protección de los recursos naturales. Este logro no soslaya que necesitamos más que movimientos ciudadanos reactivos. Tenemos que ganar más que batallas en Twitter para poner freno al abuso de poder y el prevaricato que causan incertidumbre a todos, incluso a los inversionistas que pretenden beneficiar.

Nuestros desafíos en cambio climático, desarrollo económico, inclusión social y posconflicto necesitan una política de desarrollo ambiental, social y fiscalmente sostenible. Que entienda que en el top de nuestras ventajas comparativas están el agua y la biodiversidad, y no oro ni petróleo. Mucho más sentido común y seguridad ambiental, social y jurídica son las contribuciones que tenemos que asegurar para afrontar con éxito los enormes desafíos que plantea el futuro.