Esta semana se dio un nuevo enfrentamiento entre el gobierno nacional y el distrital por establecer y definir el protocolo idóneo para el ejercicio del derecho a la protesta. Como se esperaba, no se llegó a un acuerdo ya que, por un lado están los que defienden el derecho a la misma como un derecho universal y absoluto y, por el otro, quienes quieren restringir el ejercicio de este derecho a su mínima expresión.
La Constitución del 91, garantista y generosa, advierte de los derechos y deberes que tienen los colombianos, sin embargo, es una mala costumbre la de algunos ciudadanos ver solo por sus derechos y no por sus deberes como lo consagra la carta política. En ese contexto, si bien la protesta es un derecho adquirido y justo frente a las falencias y necesidades no satisfechas del Estado, la misma no puede convertirse en la abrupta, abusiva y equivocada expresión del inconformismo que desdibuja su propósito cual es proteger los derechos de los conciudadanos.
Refiriéndonos al aspecto formal de la reglamentación de este derecho, esta no puede hacerse desde una oficina a puerta cerrada en Palacio, sino que debe ser el producto de un debate democrático en el Congreso que se vea materializada en la expedición de una ley estatutaria.
¿Cómo puede ser que hasta la fecha el Congreso no haya establecido la reglamentación correspondiente cuando desde hace años se evidencia la infiltración de grupos al margen de la ley, actos vandálicos y abusos recurrentes por parte de la fuerza pública?
Es inaceptable que el Congreso como siempre se escabulla a la hora de tomar decisiones que impliquen costo político y no responda a las necesidades del pueblo.
La reglamentación debe establecer la eliminación de las “capuchas” para garantizar la identificación de los que protestan e impedir su acción clandestina; formular multas e incluso agravantes penales para quienes porten material contundente o explosivos para acciones terroristas; ofrecer recompensas a quienes denuncien infiltrados con fines de violencia e imponer sanciones pecuniarias a quienes destruyan bienes públicos y privados.
Ahora bien, creer que una nueva norma en un país donde abundan las leyes y escasea la legalidad vaya a generar un cambio en el comportamiento, resulta iluso e ineficiente. Es imperativo generar soluciones a la terrible problemática social, generando oportunidades que permitan superar los grandes vacíos y la pobreza que vive nuestra sociedad.
