Hace unas semanas vimos al presidente Duque indignado porque la Corte Constitucional había tumbado la cadena perpetua para violadores. En varios de sus discursos habló de la importancia de los niños para su gobierno y que seguiría luchando para que esta fuera una realidad, incluso a través de un referendo.
Muchos en su momento explicamos que más allá de la cadena perpetua lo que se requiere es que se reduzca la penosa cifra del 95% de impunidad y que se inyecten recursos importantes en los programas de prevención.
Desafortunadamente, el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno Nacional al Congreso evidencia que el presidente es bueno para los discursos, pero carece de voluntad política para proteger a los niños.
Muchos esperábamos que cerrara con broche de oro su último año de gobierno, destinando los recursos necesarios para reducir esa cifra de impunidad. Pero, como lo dijimos en su momento, ni siquiera realizó una reunión de urgencia para abordar el tema con el ICBF, la Fiscalía y la judicatura para identificar las necesidades e incluirlas en el presupuesto.
En el proyecto de ley tampoco se ve un incremento en los programas de protección del ICBF, los cuales buscan restablecer los derechos de los niños maltratados, abusados y vulnerados. Muchos estudios demuestran que los niños fueron los más afectados con la pandemia y el gobierno hizo caso omiso de esta realidad en el presupuesto.
Adicionalmente, según el DANE, en el segundo trimestre de 2021 hubo un incremento de 22,2% en los embarazos de niñas menores de 14 años y de 6,3% en los de las adolescentes entre 14 y 19 años con respecto a 2020. Estas alarmantes cifras tampoco llevaron a Palacio a convocar una reunión con los actores competentes y tomar medidas presupuestales frente a este fenómeno que ocasiona conflictos familiares, deserción escolar, cambio de proyectos de vida, discriminación, matrimonio servil o a temprana edad, reducción de ingresos y pobreza.
Señor presidente: yo también apoyo la cadena perpetua para violadores de niños, pero ¿de qué sirve esta, si no se tienen recursos suficientes para prevenir los delitos contra ellos y el sistema de protección no cuenta con herramientas necesarias para defenderlos?
Si la apuesta del gobierno es el bienestar de nuestra niñez y adolescencia y la garantía de sus derechos, ¿por qué se reduce la asignación de recursos para el 2022 en un 13% frente a lo solicitado por el ICBF? ¿Cómo se explica que el instituto solicitó 8,5 billones y se le asignaron solo 7,4 billones?
Preocupa, además, que, si comparamos la asignación frente a los recursos de este año, se tiene una reducción de 250 mil millones, que impacta, por ejemplo, en menos días de atención para los programas de primera infancia de más de 900 mil niños.
Para cambiarle el mundo a los niños se requiere voluntad política; con este presupuesto no se demuestra.
“Obras son amores y no buenas razones”.
