domingo 05 de julio de 2020 - 12:00 AM

Sociedad enferma ( Parte 2)

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Columna de
Cristina Plazas

Esta semana el país conoció la estremecedora historia de otra niña indígena, que habría sido abusada sexualmente por miembros de las Fuerzas Militares en Guaviare. Su relato es desgarrador; fue encerrada cuatro días en un batallón, donde fue violentada, violada y no le daban de comer ni beber.

El comandante del Ejército salió a rechazar estos actos abominables y los defensores radicales del ejército abogaron con la teoría de las manzanas podridas.

Yo, como millones de colombianos, admiro a todos esos militares y policías que arriesgan su vida por protegernos; pero esto no me impide ver que lo que está pasando es gravísimo y que el discurso de las manzanas podridas ya no tiene validez.

El Ejército Nacional no tiene una política de violación de niñas como afirman los sinvergüenzas de las Farc, que hasta ahora no han contado la verdad en la fallida JEP de las atrocidades que hicieron a las mujeres y niñas y que no han reparado. Pero tampoco se puede afirmar que el ejército esté implementando la política de género para prevenir este tipo de casos.

De nada les sirven las voces de rechazo contra estas atrocidades si no vienen acompañadas de acciones reales para que ninguna niña vuelva a sufrir semejante abominación.

A esta menor de edad, todo el Estado le falló. Estos hechos se conocieron el 13 de septiembre de 2019 y hasta la fecha no ha pasado nada. ¿Por qué los militares no fueron suspendidos dada la gravedad de la denuncia?

Si este caso no hubiese sido revelado por Ariel Ávila, el proceso de la niña habría quedado en el olvido.

El informe de la Defensoría del Pueblo es doloroso, pues registra 3 hechos que involucran a 5 niñas, pero solo se remitió a las autoridades el caso de una de ellas. No es justificable esta omisión, más aún, cuando el informe evidencia información crucial como los lugares exactos de los hechos y el móvil de estos.

¿Será que la vida e integridad de las otras niñas no valen?

Las investigaciones estaban engavetadas. La Fiscalía hasta la fecha no ha imputado cargos; eso sí, cuando hay medios de por medio, actúan de manera inmediata, como en el caso de los 7 soldados.

En la Procuraduría, la investigación no se ha movido estando en el territorio. Qué desidia, pues tiene potestad de suspender provisionalmente a los funcionarios.

¿Será que para estos organismos un caso en el que se podría configurar la esclavitud sexual y tortura de una niña no es prioritario?

Al Ministro de Defensa y a la cúpula militar le exigimos que en lugar de salir vociferando en los medios, incluyan el enfoque diferencial y de género en el entrenamiento militar, volver a retomar la legitimidad como el centro de gravedad de tal forma que operar por fuera de la ley sea entendido como atacar el propio objetivo estratégico, sacar todos estos casos de la justicia penal militar y mostrar transparencia absoluta con estos casos de cara a la opinión pública.

General Zapateiro: Las acciones deben ir más allá de una simple capacitación de 3.000 hombres que no son ni el 1% de las fuerzas militares y de Policía.

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