Desde el inicio de este Gobierno, la narrativa del presidente Petro ha sido que todas las personas que han hecho empresa y país con esfuerzo son oligarcas y ladrones, como si tener éxito fuera un pecado. Bien lo dijo Eduardo Pacheco, presidente del Grupo Colpatria: “La empresa privada no está de moda en estos días. Hay un sistemático ataque a los que representamos la empresa privada. A mí me han hecho sentir como si le hubiéramos quitado algo a alguien. Como si nos hubiéramos cogido algo indebidamente, y la verdad lo único que hemos hecho es trabajar honestamente, con cariño, con amor por este país y respetamos las normas”.
Se le olvida al presidente que la empresa privada es el artífice fundamental de progreso y bienestar social; es el empleador más importante para los colombianos y el generador de productividad e insumo económico del país.
Esto ha desencadenado en que miles de personas salgan del país a buscar mejores oportunidades en otros lugares. Pero como no, si mientras que el empresariado y el emprendedor son tratados como bandidos en Colombia, el Gobierno adula y busca beneficiar a los criminales, como es el caso de la ‘primera línea’, los narcos y los corruptos con quienes están negociando la supuesta ‘paz total’ y, ahora, la guardia campesina.
Frente a la ‘primera línea’, el Gobierno insiste en considerarlos, tramposamente, un movimiento social para salvarlos de la cárcel. Esto ha sido una burla, no solo a la institucionalidad del país, sino un agravio contra todos los ciudadanos que se han visto afectados por los desmanes y por la zozobra, angustia y terror que estos criminales han generado en las ciudades principales.
A su vez, la administración Petro contempla la posibilidad de otorgarles estatus político a las disidencias de la Segunda Marquetalia. Con el cuento de entrampamiento, quieren salvarle el pellejo a Iván Márquez, que pese a la generosidad de un país y a los sapos que nos hemos atragantado, siguió ‘traqueteando’ sin vergüenza alguna.
Y ni hablar de los gestores y facilitadores de la paz, en donde el Gobierno ha nombrado incluso a quienes se han robado los recursos de la salud, como Eva Carrascal, exsuperintendente delegada de la Supersalud, quien fue condenada por recibir sobornos.
Pero la tapa de la olla fue lo que pasó esta semana en San Vicente del Caguán. Qué dolor de patria ver cómo la guardia campesina secuestraba y humillaba a nuestros policías. ¿Cómo es posible que una semana atrás el ministro Prada conociera la grave situación y en lugar de tomar medidas se haya dedicado a elogiar a estos criminales que no son nada distinto a un grupo paramilitar? ¿Cómo es posible que el presidente Petro no rechazara estos actos con contundencia y que por el contrario haya escrito un mensaje en Twitter justificando de cierto modo el actuar de la guardia?
El Gobierno no solo no actuó a tiempo, sino que su proceder denota falta de autoridad y mando. No en vano el padre del policía asesinado le expresó al mandatario: “Al Gobierno Petro, que esa es su paz que nos está dando, quitándonos los hijos, quitándole a la policía las armas, mandándolos como carne de cañón para que nos los maten”.
El periodista Ricardo Calderón le advirtió al país lo que estamos viviendo. El pacto de La Picota era una realidad, así la bodega petrista haya tratado de aniquilarlo. Para muchos, ese pacto con los criminales más peligrosos demostraba que habían vendido su alma al diablo y que estaban dispuestos a entregarles el país con tal de llegar al poder.
Cómo es de irónica la vida, el Gobierno del “cambio” no lleva ni ocho meses en el poder y pronto llevará a cuestas un nuevo proceso 8.000 y las consecuencias del pacto de La Picota.
Adenda: ¿Hasta cuándo pasará de agache en este escándalo el comisionado de paz, Danilo Rueda?
