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Viernes 23 de octubre de 2020 - 12:00 PM

Aborto legal y seguro

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Mientras escribo esta columna llegan noticias sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Polonia que endurece la legislación sobre el acceso al aborto, declarando inconstitucional la interrupción del embarazo por malformación del feto, reduciendo así supuestos legales por violación, incesto y riesgo grave a la salud de la madre.

Las reacciones contra del veredicto no se han hecho esperar. Colectivos defensores de los derechos de las mujeres y de derechos humanos, como Human Rights Watch, el Centro de Derechos Reproductivos y Amnistía Internacional, consideran la decisión inhumana e injustificable.

No es para menos, con esta ley, lo único que conseguirán será, además de condenar a las mujeres a seguir practicándose abortos clandestinos, con el riesgo que esto supone para las madres, que mujeres y niñas pongan fin a embarazos no deseados fuera del país.

Según el Ministerio de Sanidad polaco, en el 2019 se practicaron 1.100 abortos legales, la gran mayoría por malformación del feto. Al tiempo, se calcula que miles de polacas viajan cada año al extranjero para interrumpir el embarazo.

Sin embargo, mientras Polonia penaliza el aborto, algunos países han avanzado en la protección de derechos sexuales y reproductivos. Colombia es uno de ellos. La Corte Constitucional lo despenalizó en 2006, en los casos cuando hay violación, inviabilidad del feto o riesgo inminente de la madre. Causales que ratificó en marzo de este año.

El aborto, es un asunto pendiente en muchos países. Resulta esperanzador que la Corte Constitucional colombiana admitiera la demanda interpuesta por el movimiento Causa Justa, para eliminar del Código Penal el delito de aborto, incluso en las tres causales establecidas.

Pero, más allá del marco legal como herramienta, en la práctica barreras sociales y trabas institucionales subsisten. Los perjuicios del personal médico y la falta de recursos y oportunidades obstaculizan el ejercicio de la libre determinación para interrumpir voluntariamente el embarazo y repercuten negativamente en sus proyectos de vida y en su salud ¿Se Imaginan lo que pasa con las mujeres rurales o las más pobres?

Según Profamilia y cifras del MinSalud, el índice de embarazos no planeados alcanza un 52% y muchas mujeres mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos inseguros o clandestinos.

Datos de la Fiscalía indican que, en Colombia, entre 2005 y 2017, 2.290 mujeres fueron criminalizadas por el delito de aborto, de las cuales 502 eran menores.

Resulta contradictoria una Ley que de un lado permite el aborto y por el otro, lo criminaliza. La ley actual confunde a las mujeres, a las autoridades y a quienes prestan los servicios de salud ¿Quién quiere una sanción?

A eso se refiere la objeción de conciencia. La Corte debe avanzar en el derecho a decidir que tienen las mujeres.

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