lunes 29 de marzo de 2010 - 10:00 AM

Hacienda Las Pavas

Cedo el espacio para Pablo y Simón quienes como universitarios están trabajando sobre estos temas jurídicos importantes.

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, consagra dentro de sus principios éticos, entre otros, el siguiente: 'La manifestación permanente de la equidad, la justicia y la verdad en las actuaciones y decisiones de la entidad'. Si bien es un principio fundamental para el funcionamiento de una entidad encargada de un tema de cardinal importancia,  es lamentable observar cómo se desvanece en una página Web. El Instituto adelanta en el sur de Bolívar un proceso de extinción de dominio en predios que actualmente pertenecen al Consorcio Labrador (empresa palmicultora). El proceso es adelantado debido a la petición que realizó una comunidad campesina en el 2006 ante el Incoder. Esta comunidad ocupó los predios de 1997 a 2006 con el fin realizar cultivos necesarios para su subsistencia. La motivación que tuvo la asociación de campesinos para realizar dicha ocupación fue el estado de abandono total en el que se encontraban los predios, cuyo dueño en ese entonces era el señor Jesús Emilio Escobar quien al enterarse del proceso que se empezaba a adelantar, vendió los predios a la empresa palmicultora (actual propietaria de los terrenos).

Lo que pareciese un problema jurídico corriente, es en realidad un conflicto de intereses y visiones de desarrollo, en el cual la violencia intimidatoria ha sido decisiva y permanente. En el 2003 la comunidad es desplazada de la hacienda por parte de grupos paramilitares, no obstante contra todas las amenazas y temores el grupo de campesinos decide regresar. En el 2006, una vez realizada la solicitud de extinción de dominio, el dueño acude con hombres armados desplazando nuevamente al campesinado ocupante. En el 2009, una vez las tierras ya habían sido cultivadas con palma, pero debido a la temporada de invierno se dio una creciente que dañó los cultivos, así como el corregimiento donde la comunidad vive, razón que motivo al grupo de campesinos a regresar a trabajar las tierras donde se encontraban los cultivos anteriormente mencionados. A mediados de dicho año los campesinos son desalojados por la Policía.

El papel que juega el Incoder en el proceso es fundamental, pues es el ente encargado de decidir sobre la extinción de dominio. Frente a esta labor debe señalarse que el Instituto ha presentado demoras injustificadas, pronunciándose con evasivas que reposan en tecnicismos que reducen la complejidad del conflicto a resoluciones vacías, y que aparentemente tienden a favorecer, no los intereses generales, sino los particulares.

Pablo Gómez Pinilla y Simón Ortiz Pinilla.

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