viernes 08 de septiembre de 2023 - 12:00 AM

Eduardo Durán

La irresponsabilidad consentida

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Columna de
Eduardo Durán

Cuando nos referimos a los espacios noticiosos, nos encontramos frente a dos escenarios: los tradicionales medios representados en prensa, televisión y radio; y por otro lado los de las redes sociales en sus más diversos portales, que en estos momentos constituyen la inmensa mayoría de las audiencias, pues la gente se ha vuelto adicta a estar conectada a su celular enterándose de todo lo que sucede, en el mismo instante en que ocurre.

Pero lo que nos encontramos ahora, es que mientras los medios tradicionales se ciñen a claras pautas de transparencia, comprobación y confiabilidad noticiosa, las redes pasan por encima de elementales restricciones y le permite, a cualquier individuo, convertirse en generador de noticias, o como se dice hoy, de contenidos, y como si tuviera una patente de corso publican sin ningún ejercicio de comprobación ni respaldo, cualquier información, muchas veces afectando el buen nombre de personas o instituciones, amparados en la total impunidad, y hasta acudiendo a noticias falsas, que a velocidad impresionante producen la desinformación y el asombro de los lectores.

Siempre hablamos de la necesidad de regular, pero los portales se hacen los de la vista gorda, ya que lo que les interesa es acumular abonados, pues dependiendo de la cantidad, los fines publicitarios serán más lucrativos.

Hay que registrar como un hecho positivo, la decisión del Parlamento Europeo, que creó una comisión que se encuentra elaborando un proyecto legislativo, para que los países miembros adopten rígidas medidas para el espacio cibernético, de tal manera que se establezca la responsabilidad directa para quien divulgue contenidos, que no se ajusten a la realidad, o que afecten el buen nombre y el espacio privado de las personas.

Lo que se pretende es ofrecer seguridad para todos, para que no sean vulnerados en sus derechos y de esta manera sea posible proteger sus prerrogativas individuales y colectivas, frente a las cuales, en el caso nuestro, la Constitución ha definido con toda claridad, pero no ha sido posible extenderlas a los usuarios de las redes sociales.

Estas redes tienen que ser sometidas a claros procesos de aceptación de sus abonados, en donde quede totalmente establecida la identidad de las personas, y deben estar alertas para excluir a quienes hagan uso indebido de la herramienta para causar daño.

Ojalá nuestros legisladores hagan lo propio en Colombia, y ahí tienen el modelo europeo, para que por lo menos lo copien y establezcan una herramienta legislativa que permita la protección de las personas de cualquier condición.

Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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