El actual alcalde de Medellín ha puesto sobre el tapete un tema fundamental, que hace relación a la forma como se manejan las empresas estatales en Colombia.
Este tipo de entidades funcionan a todos los niveles: nacional, departamental y municipal, y en la mayoría de los casos suelen estar al servicio de los mandatarios de turno para cuadrar el reparto político o simplemente para pagar favores.
El alcalde de Medellín resolvió de un solo plumazo cambiar toda la junta directiva de EPM, la empresa de servicios públicos más grande del país, que tiene unos activos cercanos a los cinco billones de pesos. La medida puede encontrar alguna justificación en el argumento de que no fue atendida una recomendación suya para emprender una acción legal contra los contratistas de la famosa represa de Hidroituango, pero deja al descubierto un instrumento del cual se valen todos los mandatarios para intervenir a su capricho, desconociendo elementales normas de manejo corporativo.
Debe llamar la atención este escenario, para que de una vez por todas se pueda expedir un estatuto de manejo de las empresas públicas en todos los niveles, para que ellas respondan a buenas prácticas y a instrumentos que impliquen toda claridad y transparencia.
La empresa, empresa debe ser, y por lo tanto su manejo debe reflejar la conservación de los objetivos de su naturaleza, independientemente de quien sea el alcalde, gobernador o presidente de la República.
Cuando se diseña un estatuto que ofrezca toda claridad sobre el manejo y administración de esos entes, los ciudadanos podrán tener confianza en esas instituciones, que manejan también sus recursos y por lo general lo que tiene que ver con la prestación de determinados servicios públicos.
En Colombia hemos visto surgir y quebrar muchas empresas estatales, que de la noche a la mañana terminan siendo un comodín político y es cuando aparece el desastre. Se resuelve que el gerente debe ser de una determinada afiliación política; que las subgerencias deben compensar otras aspiraciones del mismo sentido, y que en la contratación deben estar los amigos. Ésta es la razón para que muchos piensen que el Estado debe dedicarse exclusivamente a lo que señala su esencia y dejar el resto de cosas a la iniciativa privada, para que los políticos no tengan esa tentación de inventarse actividades empresariales, para generar burocracia y estados de contratación.
Pero aún así; en lo que se refiere a prestación de servicios públicos, las normas de administración y dirección deben ser claras para que obedezcan a parámetros que por lo menos incorporen la lógica. Por ejemplo, las corporaciones autónomas regionales con una junta en donde deben tener cabida casi todos los alcaldes, resulta ser un adefesio que no ofrece ninguna garantía de buena administración.
El Estado requiere grandes reformas, para que efectivamente se pueda transformar y ésta del manejo de las empresas estatales, reviste especial urgencia.
