viernes 03 de abril de 2009 - 10:00 AM

Oportunidad y amenaza

Entre todas estas facetas que nos refleja la crisis económica mundial, de las cuales se están evidenciando atormentadas manifestaciones en Colombia, vemos que se comienzan a tomar medidas que tienden a atenuar el impacto de la mala racha para evitar que los golpes dejen cicatrices de mal aspecto en el rostro de la economía.

De todas ellas, hay una de gran impacto por sus proporciones presupuestales que por un lado alienta, pero que por otro encierra enormes preocupaciones: se trata de la decisión de empujar el acelerador de la inversión en infraestructura, para lo cual se ha dispuesto una suma que llega a los 55 billones, aportados por el gobierno nacional y el sector privado y 5 billones adicionales que serán aportados por el superávit fiscal que registraron las regiones a 31 de diciembre del año pasado, para un total de 60 billones, cifra verdaderamente apreciable y tal vez sin precedentes en las últimas décadas.

Todo suena bien a primera vista y de lograrse el loable propósito, la infraestructura nacional recibirá un empuje jamás visto que se traducirá en vías de gran impacto y en otra clase de obras que apoyarán el esquema de apertura, el desarrollo nacional y el mejoramiento de la calidad de vida.

Pero a todas éstas, no podemos perder de vista que estamos en medio de un esquema que no ofrece las suficientes garantías para que esas enormes inversiones puedan ejecutarse con responsabilidad, eficiencia y transparencia, como lo anhela la directora de Planeación Nacional, porque desgraciadamente una buena parte de los contratistas en este país no cuentan con los instrumentos técnicos y éticos que den garantía para que esos tres postulados se cumplan y desgraciadamente siempre resultan funcionarios inescrupulosos, sin moral y dispuestos a lo peor a la hora de adjudicar las contrataciones.

Eso nos lleva a pensar en que esas inversiones tienen que ir aparejadas de un plan muy especial de seguimiento a la transparencia, para que puedan estar en capacidad de alcanzar sus loables propósitos. De lo contrario, muchas de esas partidas no resultarán más allá de convertirse en una oportunidad para los sinvergüenzas de este país cuya conciencia está corrompida y esa podredumbre sólo les hace ver la oportunidad para asaltar las arcas del Estado y defraudar a los ciudadanos contribuyentes que son los que aportan de su bolsillo los dineros para cada apropiación.

Ya es hora de activar las veedurías ciudadanas, a las cuales poco se les ha fortalecido, pues cuando han querido ejercer fiscalización se les entorpece su labor, pues el corrupto siempre ve con incomodidad y fastidio que alguien trate de fiscalizar o de pedir cuentas.

Es una decisión política que hay que tomar y de ella dependerá el éxito de las inversiones anunciadas y por tantos años esperadas.

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