Uno de los temas más polémicos que ha habido en Colombia entre los años ochenta del siglo XX y hoy es la extradición de nacionales para que sean juzgados en Estados Unidos. Bastante sangre se derramó en los años ochenta por ello, muchos colombianos murieron víctimas de actos de terror o fueron vilmente asesinados en atentados perpetrados por narcotraficantes que buscaban, sembrando pánico, que no se les extraditara. ¿Por qué esa figura del Derecho Internacional ha suscitado tanta disputa en nuestro país, si ella es aceptada y pactada en Tratados Internacionales?
Porque en Colombia, respecto de Estados Unidos, se ha usado por tener nosotros un Estado débil y una Justicia frágil, sin capacidad, ni fuerza para juzgar a los connacionales. Así, se decidió que un Estado extranjero les aplicara severas sanciones a los narcotraficantes que habían anegado en sangre al país, asesinado a líderes como Rodrigo Lara, Luis Carlos Galán, a magistrados, jueces, periodistas, intelectuales, etc. Esa forma facilista de aplicar la extradición es errónea y despedaza nuestra soberanía.
El tiempo demostró que para los narcotraficantes era mejor negociar con Estados Unidos, pagar en sus cárceles penas cortas, sanear dineros y quedarse allá. ¿Ejemplos? El “tuso” Sierra y muchos más. Hoy, se está usando la extradición con propósitos innobles, para sepultar los acuerdos de paz que acabaron con una guerra fratricida en la que no hubo perdedores. ¿El fin? Volver reos a quienes declinaron las armas. Ningún caso en la historia universal en que se ha vuelto prisioneros de guerra a quienes no fueron derrotados ha terminado bien. El desenlace es inimaginable.
Eso está ocurriendo, porque hay un gobernante sin estatura histórica, grandeza, visión, ni el liderazgo que el momento requiere, que corea lo que una ruidosa y premoderna estructura política le señala. ¿Herramienta? Manipular tanto la indiferencia y pusilanimidad de muchos colombianos como el sistema judicial para complacer a un gobierno extranjero.
