Un añejo aforismo que para unos es romano y para otros es medieval, aún aceptado en el medio jurídico, expresa “Dame los hechos, yo te daré el derecho” (da mihi facta, dabo tibi ius). Esa breve sentencia significa que las partes procesales dan, cada una por su lado, su versión de los hechos y solo los fallos en Derecho, basados en el examen de crítica jurídica hecho por el Juez, determinan qué pruebas son aceptadas.
Es decir, las partes procesales, los terceros ajenos al proceso, los periodistas, analistas, contertulios, etc., lo que hacen es difundir versiones parciales, incompletas, o emocionales, o interesadas, o maledicentes, o con base en rumores y suposiciones, sobre este o aquel hecho que se ventila ante los Jueces.
Erróneamente nos estamos acostumbrando a que un ciudadano, luego de rendir indagatoria, emita públicamente su versión interesada de lo ocurrido en tal diligencia procesal y su locuacidad hace que la opinión pública incline, emocionalmente, el fiel de la balanza hacia el lado de sus pasiones y cuando tiempo después, el Juez profiere la sentencia basada en el examen crítico de las pruebas válidamente recaudadas, ya hace rato que el país ha tomado partido. Lo que sigue es señalar al Juez de incompetente, de “vendido”, etc.
¿Al proceder así qué estamos haciendo? “Sembrando semillas de destrucción del Estado de Derecho”, ese en el que se basa la democracia moderna, demoliendo sus pilares teóricos que fueron diseñados por Benjamín Constant, Alexander Hamilton, Alexis de Tocqueville y John Stuart Mill, terciando a favor de ese mar de humo que es el “Estado de opinión”.
El “Estado de opinión” pretende cambiar la democracia por la “tiranía de las mayorías” de que habló Tocqueville, de los que como dice el historiador Simón Schama “buscan cambiar el locus de la soberanía popular de las instituciones representativas por una comunión instintiva entre caudillo carismático y masas orquestadas en manifestaciones enfurecidas”.
