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Eduardo Pilonieta Pinilla
Jueves 08 de febrero de 2024 - 12:00 PM

Burla burlando

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“La Procuraduría General de la Nación es la entidad encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelantan contra servidores públicos y contra particulares que ejerzan funciones públicas o manejen dineros del Estado, de conformidad lo establecido en la ley”.

La Procuraduría investiga que quiénes desarrollan funciones administrativas de orden oficial ejecuten, de conformidad con los procedimientos legales, las obligaciones que les han sido encomendadas y, en representación de los ciudadanos, puede aplicarles sanciones a quienes no cumplan a cabalidad con su encargo.

En cumplimiento de tal función adelanta, en primera instancia, los procesos disciplinarios relacionados con la contratación estatal, por conductas realizadas por cualquier funcionario público que no cumpla a cabalidad los deberes de su cargo.

En efecto, puede sancionar a los funcionarios públicos que de acuerdo con la ley incumplan sus funciones, aplicando los ritos procesales establecidos e imponiendo: multas, suspensiones, inhabilidades temporales o la destitución del cargo.

En aquellos casos en que la conducta investigada pueda ser calificada de gravísima, cabe la posibilidad de suspender provisionalmente al funcionario investigado hasta por 120 días mediante una resolución que no tiene recurso alguno y por lo tanto, aplica desde el momento mismo en que se notifica, razón por la cual el funcionario pierde cualquier posibilidad de tomar decisiones oficiales y en caso de que lo haga, desconociendo la sanción impuesta, los actos administrativos que emita serán totalmente nulos y, desde luego, no puede recibir salario.

Condicionar la suspensión a determinadas actuaciones, como por ejemplo hasta que se designe el funcionario que lo debe remplazar, no deja de ser un mecanismo de burla a las determinaciones adoptadas, pues basta que el nominador no cumpla con su obligación para que la suspensión pierda su efectividad. Ahora bien, el nominador está obligado a cumplir el deber de nombrar el remplazo del sancionado y si por alguna razón, o mejor por una sin razón no lo hace, estaría desconociendo totalmente el estado de derecho. Decimos todo esto por lo que está sucediendo con el Ministerio de Relaciones Exteriores lo cual pone de manifiesto, una vez más, cómo desde el alto gobierno pretenden burlar la ley ante el silencio inexplicable de todos los colombianos que vemos expectantes cómo el país va pendiente abajo sin que haya reacción alguna visible.

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