martes 05 de diciembre de 2023 - 12:10 AM

Eneas Navas

Bucaramanga, Ciudad Candado

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Columna de
Eneas Navas

Con toda claridad, el discurso de la “Ciudad Candado” propuesto por el alcalde electo se construye para satisfacer la necesidad de seguridad y convivencia pacífica por la que clama el 44 % de los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga, quienes, según el estudio elaborado por María Eugenia Bonilla y María Alejandra Santos (para el repositorio de la UNAB), “manifestaron sentirse “nada seguros” en sus municipios como consecuencia principalmente de la delincuencia asociada a hurtos y homicidios”, pero el énfasis propagandístico del programa de gobierno se aleja considerablemente de las recomendaciones del mismo estudio, que propenden por la prevención de la criminalidad.

No obstante, existe plena confianza en que el futuro alcalde cambiará el enfoque del énfasis, pues en su programa se dejaron líneas gruesas para combatir la inseguridad con un enfoque de derechos humanos, guía que a muchos altera, pero que resulta necesaria en cumplimiento de tratados internacionales, de la constitución y, especialmente, para superar la alerta temprana 28 de 2021, expedida por la Defensoría del Pueblo.

Dice el estudio: “Prevenir la criminalidad es menos costoso que gestionarla” y en eso estamos de acuerdo, aunque a la hora de implementar soluciones de prevención, se crea que se premia o beneficia a las poblaciones vulnerables sin sustento, a las que la única salida de escape para subsistir o sobrevivir, es la incorporación a esta oscura franja de la economía, fábrica de inseguridad ciudadana.

También estamos de acuerdo en que la criminalidad es un fenómeno multicausal y, por lo mismo, la prevención social del delito requiere que se garantice a la población vulnerable sus derechos fundamentales, ya que la violación de ellos por amenaza, vulneración o inobservancia contribuye a la migración hacia la ilegalidad, determina conductas antisociales y afecta el estado de desarrollo y progreso deseado.

Para no volver a minimizar el problema de inseguridad, convivencia y afectación de derechos humanos subyacente, distíngase en el Plan de Desarrollo, con claridad diáfana, la “convivencia ciudadana” concerniente al relacionamiento interpersonal, de la “seguridad” que atañe al cumplimiento del deber estatal de protección.

Así las cosas, a la par de la seguridad policiva, cámaras, centros de conciliación, horarios para la ingesta de alcohol, se debe propender, por ejemplo, por soluciones para las familias que no pueden emplear su capacidad laboral por cuidar a sus niños y ancianos. Propéndase por políticas que reduzcan el desempleo, por seguridad alimentaria, por atención integral de niños, niñas, adolescentes y adulto mayor.

Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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