viernes 20 de mayo de 2022 - 12:00 AM

Columna de Damocles

Aunque es un problema latente o vigente en todos los municipios del país, o sea que es de todos, en Bucaramanga el índice de hacinamiento se ha llegado a posicionar en el 1.210%
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Columna de
Eneas Navas

Los jueces y magistrados constitucionales en Colombia, con la espada de Damocles sobre sus cabezas, emprendieron desde 1991 el resbaladizo y difícil camino de incorporar, bajo los postulados del Estado Social de Derecho y de los derechos fundamentales, una concepción de justicia distributiva que cambió el paradigma del derecho en el país, articulando valores humanos a las decisiones o, lo que es igual, fundando y robusteciendo el gobierno de los jueces que, con fallos acertados, enfrentan las decisiones de otras autoridades administrativas de los poderes del Estado, incluidas las de jueces y magistrados desenfocados en la lectura y aplicación de derechos humanos o, cuando ha sido necesario, remplazando a los poderes en la toma de decisiones o en el abordaje de problemáticas (vuelvo y lo digo), que protegen y favorecen a minorías invisibles para el estado o para la sociedad, que de otra manera no tendrían derechos por no tener butaco en el sistema democrático o sillón en el burocrático.

Entre las últimas ordenes en el Gobierno de los Jueces se destaca el abordaje al continuo hacinamiento de personas privadas de la libertad en estaciones de policía y otros lugares no aptos para su reclusión y que, por sí mismo encarnan una amenaza, vulneración o una inobservancia de los derechos humanos.

Aunque es un problema latente o vigente en todos los municipios del país, o sea que es de todos, en Bucaramanga el índice de hacinamiento se ha llegado a posicionar en el 1.210% que, para entenderlo, debemos imaginar que, en el apartamento para cuatro personas, desprovisto de cualquier comodidad básica para la existencia digna, sin sala, comedor ni cocina, traten de vivir usted y cincuenta y dos desconocidos.

Entonces, en cumplimiento de la Sentencia SU-122-22, el Inpec cuenta con dos meses para trasladar a las personas condenadas a establecimientos carcelarios y penitenciarios o a las residencias, cuando este sea el lugar de reclusión indicado por los jueces de causa; las alcaldías con cuatro meses para brindar condiciones mínimas de alimentación, acceso a baños, ventilación y luz solar suficientes para los que queden y, con términos más generosos, otras órdenes que, como no las impartió la buena administración pública... toca con el gobierno de los jueces. ¿Vendrán ahora las excusas para justificar el incumplimiento?

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Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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