viernes 10 de diciembre de 2021 - 12:00 AM

Con hato

la falta de pericia y formación de los ejecutores, llevan a la ciudad de mal en peor, dando como resultado escenarios de improvisación en los que la prueba y el error dejan el daño materializado.
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Columna de
Eneas Navas

Resulta imposible aplaudir con ánimo y en ovación muchas de las buenas acciones de la administración pública en el territorio, ya que, pese a la buena intención que se pueda evidenciar o presumir, la falta de pericia y formación de los ejecutores, llevan a la ciudad de mal en peor, dando como resultado escenarios de improvisación en los que la prueba y el error dejan el daño materializado.

Las cadenas de eventos que pueden servir como ejemplo para dejar el aplauso en suspenso son muchas y el resultado es la afectación de derechos fundamentales y otros males. Se aplaude, a manera de ejemplo, el control y vigilancia que realizan las administraciones municipales y la departamental sobre la proliferación de centros para la protección de tercera edad o los que se dedican al tratamiento médico y terapéutico de patologías psicológicas, psiquiátricas y otras relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y las acciones de control que tienen que ver con el uso del suelo, ya que algunas de estas instituciones se asientan en barrios residenciales en los que, por norma urbanística, no pueden funcionar.

No obstante el conato de aplauso, posiblemente merecido, la falta de protocolos para las intervenciones para el sellamiento y el desconocimiento de las rutas de protección de las personas que allí se alojan, tratan o recuperan, propician que lo que en principio se dibuja como una acción para la protección de los derechos fundamentales en lo universal, como es cerrar un centro de atención informal o ilegal que pone en riesgo la integridad y la vida de las personas, termine siendo una acción de la administración que afecta los derechos humanos en lo individual por la falta de planeación.

Aunque las soluciones de fondo requieren la sucesiva, continua e ininterrumpida contratación de servicios que suplan la falta de capacidad de la administración para atender poblaciones en estado de alteración, indefensión o vulnerabilidad, también se requiere reconocer el territorio como Distrito Especial de Real de Minas, unificando autoridades, modificando Planes de Ordenamiento Territorial para la prestación de servicios como cárceles municipales, tratamiento de residuos y la creación del Centro para traslado por protección para lo que es, como es la protección de los usuarios de servicios no autorizados, tras el control.

Autor
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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