viernes 10 de junio de 2022 - 12:00 AM

De celda en celda

Para las personas procesadas, las que otrora conociéramos como sindicadas, por falta de cupos no hay cárcel que las reciba o deba recibirlas sin violar el índice de ocupación permitido...
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Columna de
Eneas Navas

Salvo peor interpretación en contrario, toda persona condenada mediante sentencia judicial a pena privativa de la libertad intramural, o sea en penitenciarías, deberá ser recluida en ellas de manera prioritaria, sin la observancia del índice de hacinamiento y no podrá, bajo ninguna circunstancia, permanecer en las estaciones de policía o en calabozos de la Uri en dónde no hay condiciones físicas, y de toda otra posible naturaleza, que garanticen la dignidad humana y el poder cumplir dignamente la pena impuesta, que también es un derecho.

La Sentencia T-122 de 2022 dispuso suspender la regla de equilibrio decreciente, fórmula planteada en la sentencia T-388 de 2013 para reducir el hacinamiento hasta eliminarlo por lo que, en el inmediato futuro, se esperaría que el índice de hacinamiento del 18.99% reportado en enero de 2022 se incremente al punto de la intolerancia, recordando que, dónde hay hacinamiento, hay violación de derechos humanos, per se.

Esta medida de la justicia constitucional, donde podría vislumbrarse un contrasentido, tiene como finalidad eliminar el hacinamiento de personas privadas de la libertad condenadas, en establecimientos de policía y Uri de la Fiscalía en donde, por la sola permanencia superior a 36 horas, hay también violación de derechos humanos agravada por la imposibilidad de redención de condena y otros derechos que se afectan, además de los propios fines filosóficos escritos y no escritos de la pena.

Para las personas procesadas, las que otrora conociéramos como sindicadas, por falta de cupos no hay cárcel que las reciba o deba recibirlas sin violar el índice de ocupación permitido o sin violar la medida de equilibrio decreciente que sigue vigente para las personas procesadas en busca de traslado, salvo cuando tengan cupos disponibles y previa suscripción de contrato con las municipalidades que tienen por obligación atender económicamente esta situación.

Este problema invisible que afecta a una minoría de personas y a sus familias, que tiene ya repercusiones en la seguridad ciudadana por la ocupación de la fuerza pública para fines no previstos en la norma, cual es custodiar procesados o sindicados, debe solucionarse de fondo y no, como ya señalamos, tapando los efectos de las problemáticas, trasladando los enredos de un cajón para otro, de arriba para abajo, escondiéndolos o aplazándolos, pero siempre... sin resolverlos.

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Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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