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Eneas Navas
Jueves 28 de mayo de 2020 - 12:00 PM

En plata blanca

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Existen en Colombia 6.286 camas en las Unidades de Cuidados Intensivos de las cuales 3.647 (58%), están ocupadas, pero solamente 707 por pacientes COVID-19 o, lo que es lo mismo, en esta época crítica en la que las UCI se usan estrictamente para lo que son y no para toda cirugía de III o IV nivel, 2.940 camas se emplean para atender patologías críticas que implican peligro de muerte y 2.639 permanecen disponibles, asunto que, en plata blanca, para el sistema de salud es un respiro económico, para los hospitales una pérdida en sus ingresos por el rubro de cama vacía y para los usuarios un parte de tranquilidad por el hecho de la disponibilidad que en otras épocas es un imposible.

Sin embargo, estas cifras permiten abrir un debate profundo sobre la estructura del sistema de salud desvelando el negocio en el que la ética profesional y el blindaje jurídico frente a la responsabilidad médica y hospitalaria, están en juego, pues en dinero (bajo el supuesto de que un día de UCI con medicamentos tenga un costo de $10.000.000), estaríamos hablando de $62.860.000.000 diarios y de mucho más de 22 billones al año.

El debate puede tener como punto de partida las recomendaciones del Profesor Michael Pinski, jefe de la UCI en Pittsburgh y la experiencia australiana en la que, en épocas de anormalidad cotidiana, se reforzaron las atenciones en los pabellones con personal médico y asistencial completo, respaldados por ventiladores, monitores, y equipos de entubación portátiles que permiten crear en las habitaciones Unidades de Cuidados Especiales, reduciendo la necesidad de elevar los costos de atención y permitiendo al personal médico demostrar su capacidad, aunque deben estar acompañados de protocolos que definan cuándo un paciente debe ingresar a la UCI y vigilancia estricta para que se cumplan.

Se abona, eso sí, que la emergencia nos deja claro por fin cuántas camas de UCI hay en el país y que el distanciamiento social entre las regiones más apartadas, como la Amazonía en la que solamente se cuentan 17 UCI y aquellas en las que se concentra el negocio de la salud, es demasiado, pero para el consuelo de tontos, el distanciamiento social se evidenció también en educación, servicios públicos y vivienda.

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