viernes 12 de noviembre de 2021 - 12:00 AM

No hay cárcel pa’ tanta gente

La responsabilidad de las entidades territoriales es ofrecer centros carcelarios municipales con capacidad suficiente para recibir a los sindicados, y la excusa es queno hay presupuesto...
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Columna de
Eneas Navas

Ahora que nos preocupa tanto el riesgo de contagio por la falta de distanciamiento social, ahora que conocemos lo que es la ansiedad genérica y la que produce el encierro, ahora que conocemos la tensión social que se genera por la convivencia continua en confinamiento, estamos preparados para entender desde lo humano las condiciones en que se encuentran las personas en los centros de retención de la URI en la Fiscalía y en las estaciones de Policía, en las que el hacinamiento, que supera el 139% en el país, no permite el distanciamiento, genera alta tensión social, conflictividad, estrés, ansiedad, depresión y alto riesgo de suicidio... y; ahora que para algunos la idea de no seguir leyendo esta columna los ha tocado y pensaron en mirar para otro lado, les cuento que también están preparados para interpretar la actitud del Ministerio de Justicia, el Inpce y de las autoridades locales, departamentales y municipales quienes (como no son ellos los retenidos), frente a esta violación de derechos humanos, sueltan y se deshacen de la papa caliente, de suerte que al final sigue el hacinamiento y la afectación de los derechos, a lo que se suma la imposibilidad relativa de adelantar nuevas acciones de captura, pues no hay a dónde llevar a los nuevos sindicados.

La responsabilidad de las entidades territoriales es ofrecer centros carcelarios municipales con capacidad suficiente para recibir a los sindicados, y la excusa, para un problema de muchos años es que para el inmediato futuro no hay presupuesto, que el Plan de Ordenamiento Territorial no contempla zonas con esta vocación y que, de cualquier manera (pensarán) esta sería una solución a largo plazo, que seguramente deberá ser atendida por su relevo político y así, sucesivamente hasta siempre.

Como alternativa, el Inpec, contratado por las alcaldías para que asuma la responsabilidad municipal, recibiría a los sindicados, trasladando el problema de hacinamiento, pues cárceles tampoco hay, pero valga decirlo, liberando a la Policía de que, en sus estaciones, por cuenta de terceras autoridades, se materialice la afectación de los derechos fundamentales por hacinamiento y hechos derivados.

Entre tanto, sigamos pidiendo a Dios que perdone las violaciones de los derechos a terceros, como nosotros perdonamos las que nos afectan. Paciencia, templanza y clemencia.

Autor
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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