Aunque la preferencia por el transporte legal deriva en parte del ahorro que el usuario puede obtener en el valor de la tarifa y la lucha contra la informalidad e ilegalidad en la prestación del servicio debe ser frontal y certera, la tarifa no puede incluir rebajas o descuentos que no sean subsidiados por el Gobierno nacional o local, pues la estimación de costos no es un asunto caprichoso, casual o producto del azar.
Para calcular y establecer las tarifas en su justa proporción, se incluyen rubros de mantenimiento, costos de operación de los equipos y otros ítems que, al ser recortados, afectan directa o indirectamente la seguridad, la comodidad, la eficiencia y oportunidad del servicio público que no pueden ser sacrificados por la economía y por la lucha contra la informalidad.
Lo anterior por cuanto, no obstante, el área metropolitana de Bucaramanga, como máxima autoridad de transporte fijó las tarifas para los diferentes servicios de transporte público en todas sus modalidades; un importante sector de transportadores del sistema colectivo, como parte de una estrategia de lucha contra la informalidad e ilegalidad, anunció su decisión de rebajar el costo y adoptar sus propias tarifas con las que, aunque se favorece el bolsillo del usuario, se compite deslealmente con el sistema de transporte masivo que no se manda solo y, adicionalmente, se afecta la economía del negocio y la calidad del servicio.
Para la lucha contra la informalidad, además de generar empleos para quienes se refugiaron en esa actividad como medio de subsistencia y mantener la remuneración digna para los conductores formales, es necesario que las autoridades de control concernientes, ministerios de Transporte, Trabajo y Comunicaciones, articulen sus intervenciones con las direcciones de tránsito y las autoridades locales de transporte, pues la experiencia hasta la fecha demuestra graves falencias en el control por falta de coordinación y colaboración.
Al Área Metropolitana de Bucaramanga le compete, además de adelantar las investigaciones para evaluar la eventual existencia de una competencia desleal en contra del sistema masivo que se generaría al rebajar el pasaje, realizar controles de mantenimiento y al estado de la flota para que las próximas noticias, con descuento o sin este, no sean accidentes de tránsito, deterioro extremo del parque automotor y obsolescencia del servicio público, ahora sí, en beneficio de la informalidad y el desorden.
