Publicado por: Epistolas Laicas
Siendo legos en la materia, consideramos que a la luz de nuestra Constitución impedir el libre tránsito de personas sin tener autoridad legítima para ello, es un delito. Y debe ser delito también encapucharse para ocultar su identidad y promover, azuzar y realizar estos bloqueos, apedrear establecimientos, lanzar explosivos, incendiar locales y vehículos, herir y asesinar soldados, policías y civiles y destruir la paz y la convivencia ciudadanas porque sí, arruinando además el patrimonio ajeno.
Es incomprensible registrar la incapacidad de las autoridades para aprehender y judicializar a los responsables de una manifestación o marcha que ha degenerado en estas actitudes,porque quienes organizan y participan en ella, por acción o por omisión, permiten que azuzadores y agitadores profesionales reconocidos se mezclen y en su nombre realicen estos vejámenes. Y si el poder ejecutivo actúa y no tiene el respaldo integral del legislativo y del judicial, que sean responsables sus miembros de los actos de barbarie y perjuicios materiales que ocurran.
Si no hay legislación sobre la materia, que sean los congresistas, alcahuetes por votos, los que respondan; si la hay y no se aplica rigurosamente la justicia, que sean jueces y magistrados directamente responsables y si es el poder ejecutivo el negligente, que pese sobre sus miembros toda responsabilidad. La impunidad, porque no hay justicia o porque no hay autoridad, es el caldo de cultivo para fomentar la inseguridad, la violencia, la corrupción y el caos. Los colombianos debemos exigir que los responsables de impedir que se siga instaurando y consintiendo en nuestra sociedad la anarquía como fruto de las cuatro pandemias citadas, respondan con su libertad, con sus bienes y con su inminente retiro. De lo contrario, estaríamos ad portas de sentirnos en los albores de un ambiente podrido, vergonzoso y uxoricida como el venezolano, herencia lastimosa y copia vulgar del cubano, donde los delitos adquieren legalidad si se generan por partidarios del régimen y máxima e injusta punibilidad si su responsabilidad se le endilga acomodaticiamente a la oposición.
ESCRITOR ITO
