viernes 01 de junio de 2018 - 12:01 AM

Un fallo inexplicable

Se ha conocido la condena proferida por el Tribunal Superior de Bogotá a Mario Aranguren y Luis Eduardo Daza, exfuncionarios de la UIAF, a 11 años y medio de prisión, por supuestamente haber obtenido y empleado información de manera irregular cuando se desempeñaban en este organismo. Tras un largo proceso plagado de injusticias y absurdos, desde el punto de vista jurídico, que ameritan una reflexión y un llamado de atención sobre el diseño que tiene la justicia colombiana. Todo comenzó mal, cuando el Fiscal que tenía a cargo el proceso contra Mario Aranguren y otros funcionarios pidió ante la Juez, atendiendo su propio criterio, que estas personas fueran absueltas. Esta sola situación, en teoría, debió dar lugar a que el proceso terminara de forma inmediata, pues cuando el que acusa entiende que no hay propósito en continuar con sus peticiones, no debe ser suplido en su propósito por un Juez, que, supuestamente, debe ser un árbitro imparcial que decide sobre lo que se le pida.

Pero, afortunadamente había una Juez más que juiciosa y estudiosa, que profirió un fallo en el que analizó la situación a fondo y entendió que allí no había delito, y en más de 300 páginas dio todas las razones para sustentar su decisión. Luego, vino lo impensable. Proferido el fallo absolutorio cambiaron al Fiscal, y el nuevo no estuvo de acuerdo con su antecesor, por lo que apeló la decisión. Allí encontramos ya primer yerro estructural de nuestra justicia, pues lo que corresponde es que ninguna decisión que favorezca a la persona procesada pueda ser materia de apelación, precisamente, para evitar desastres como el que ocurrió en este proceso. El Tribunal ahora le da la razón al segundo Fiscal y condena a los exfuncionarios, en contra de lo que la misma Fiscalía consideró, y ahora tendrán larga condena en prisión. Todo esto da cuenta de dos situaciones inexplicables respecto de la manera como se administra justicia. En primer lugar, si la Fiscalía es la obligada a investigar los delitos y presentar los responsables ante los jueces, resulta inexplicableque un juez condene a un ciudadano en contra del criterio de la Fiscalía. Pero, en segundo lugar, todo ciudadano tiene derecho a una doble instancia, lo cual, en un sistema que permite que se discutan los fallos favorables a la persona, conduce a eventos como este, en el que ahora estamos frente a una condena que no se puede cuestionar. Por último, regresa el debate sobre los riesgos que asumen los ciudadanos que toman la decisión de prestar sus servicios al Estado. La realidad es que hoy en Colombia servirle al país supone un inmenso esfuerzo, normalmente mal remunerado, que siempre termina en investigaciones y condenas.

Elija a Vanguardia como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí.
Suscríbete
Publicado por
Lea también
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad