Publicado por: Fundación Participar
Desde hace varios meses, la Academia Nacional de Medicina de Colombia ha liderado la conformación de una Gran Junta Médica, que agrupa a la Federación Médica Colombiana, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el Colegio Médico Colombiano y la Asociación Médica Sindical, Asmedas, para discutir los problemas relacionados con la salud en el país.
Hay suficiente conocimiento sobre las debilidades y fortalezas del actual sistema y basta con tener acceso a los diferentes medios de comunicación para conocer el sufrimiento de los usuarios (pacientes), la insatisfacción de los prestadores del servicio (profesionales de la salud e instituciones), el enriquecimiento de algunas empresas promotoras de salud (EPS), la quiebra de otras y la falta de dirección del sistema; en resumen, hay suficiente diagnóstico pero escaso tratamiento, es decir, se conocen los problemas, pero no se presentan las soluciones.
El momento actual, donde se conjugan el desprestigio del Congreso y la necesidad del Gobierno por producir resultados positivos, no podría ser más propicio para resolver un problema tan sensible a todos los colombianos como es la salud; por tal motivo, los gremios antes mencionados, han venido trabajando en una propuesta de Ley Estatutaria sustentada en principios básicos como el reconocimiento de que la salud es un derecho humano fundamental, que debe ser garantizado por el Estado a través de un sistema único y universal de seguridad social mediante el aseguramiento estatal y financiado con dineros públicos. La dirección y administración del sistema deberá ser pública y prestar servicios integrales de salud, mediante la conformación de redes integradas de carácter público con participación del sector privado, atendiendo las necesidades de la población y ajustadas a principios de oportunidad, eficacia, calidad, eficiencia y equidad.
Con relación a los profesionales de la salud, se deben establecer condiciones dignas de trabajo y para los médicos en particular se debe reconocer la autonomía profesional en la toma de decisiones, que deberá soportarse en el profesionalismo, es decir, conocimiento científico sólido y actualizado, responsabilidad en sus actos, respeto por sus colegas y demás profesionales y autoevaluación permanente que le permita mejorar su desempeño.
La Ley Estatutaria será complementada por leyes ordinarias y decretos reglamentarios elaborados por los actores involucrados. Cuando un sistema de salud requiere “continuos ajustes” y nadie se encuentra satisfecho, significa que definitivamente no se encuentra bien diseñado y debe ser objeto de un cambio estructural.
