sábado 15 de febrero de 2020 - 12:00 AM

Dos caras de la gobernabilidad

si bien urge mejorar las condiciones de gobernabilidad, es igualmente imperativo preservar con todo rigor las exigencias de la ética en el manejo de lo público
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Es evidente, y la historia política así lo demuestra, que para el cabal cumplimiento de la agenda propuesta por un gobierno no basta con ganar las respectivas elecciones, es indispensable el respaldo del Congreso expresado en la adopción del ordenamiento legislativo que le sirva de sustento, conforme a la distribución de competencias institucionales, propias de un estado de derecho.

Consecuencialmente, el gran reto que debe asumir un presidente, desde los inicios de su gobierno, es su adecuado relacionamiento con aquellos grupos políticos con quienes existan orientaciones afines, que hacen factible su acercamiento y concertación sobre temas fundamentales en la orientación de la gestión estatal.

Para el logro de ese cometido, muchos presidentes han optado por la solución facilista de canjear el referido apoyo por nóminas y contratos, según lo ordena el manual de la “mermelada”, inspirado en una de las más osadas expresiones de la corrupción.

Sin duda, el Presidente Iván Duque se ubicó en la orilla diametralmente opuesta: Cero “mermelada”, con la predecible respuesta de la clase política: Cero respaldo congresional; lo cual explica las incontables dificultades en el trámite de sus iniciativas. Bastaría con recordar los enormes tropiezos que han sufrido en el Capitolio sus más importantes propuestas: la ley de financiación, luego llamada de crecimiento económico, y ¿qué decir de las vicisitudes del Plan de Desarrollo?

Ante la apremiante necesidad del respaldo parlamentario, eso sí, exento de inaceptables contraprestaciones, porque al obrar en contrario se desvirtuaría el discurso oficial del gobierno, este entendió que era preciso replantear el manejo del asunto en cuestión, y por ello, al ajustar su gabinete, le abrió espacio a otras organizaciones políticas decididas a coadyuvar sus propuestas.

El país entiende que, si bien urge mejorar las condiciones de gobernabilidad, es igualmente imperativo preservar con todo rigor las exigencias de la ética en el manejo de lo público, porque allí deben concurrir dos valores inseparables: El talento y la moral.

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