sábado 06 de junio de 2020 - 12:00 AM

El debido proceso

Olvida el alto Tribunal que no le es dable a quien administra justicia tener en cuenta los efectos colaterales que pudieren derivarse de sus decisiones, porque su referente es el derecho y no consideraciones de conveniencia.
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El tema relativo al derecho de impugnación de las sentencias condenatorias en materia penal, por parte de los funcionarios aforados -entre ellos los ministros y los congresistas- quedó dilucidado en el pronunciamiento que hiciera la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de Enero de 2014; decisión vinculante para Colombia, porque el asunto hace parte del bloque de constitucionalidad del país. Adicionalmente, por medio del Acto Legislativo 01 de 2018 se reiteró el referido derecho de impugnación.

Con los indicados fundamentos, la Corte Constitucional, al resolver la Tutela interpuesta por el exministro Arias, ordenó dar curso a la impugnación contra la sentencia condenatoria proferida por la Suprema; decisión que provocó en esta radicales cuestionamientos: el pronunciamiento en cuestión fue tomado en beneficio exclusivo del exministro de Agricultura; sienta un deplorable precedente judicial y contradice las opiniones de la propia Corte Constitucional.

Frente a ello resulta pertinente lo siguiente: 1- No es exacto que el fallo sólo favorezca al exministro, porque el insoslayable principio de igualdad impone la aplicación de análogo tratamiento a todos los aforados condenados después del 30 de Enero de 2014 y aún privados de la libertad, para cuyos efectos deben interponer las correspondientes acciones. 2- Tampoco es cierto el desafortunado precedente judicial, porque semejante criterio le impediría a la Constitucional apartarse, en temas de esa índole, de las orientaciones de la Suprema. 3- Olvida el alto Tribunal que no le es dable a quien administra justicia tener en cuenta los efectos colaterales que pudieren derivarse de sus decisiones, porque su referente es el derecho y no consideraciones de conveniencia. 4- Impensable que los criterios que inspiraron decisiones judiciales se tornen intocables por quien las profirió; lo cual desvirtúa la dinámica evolución de la jurisprudencia.

Si bien el personaje implicado no suscita muchas simpatías, resulta Insólito descalificar una decisión en la que se tutela un derecho de estirpe fundamental. Los egos y la politización no pueden gravitar en la misma órbita del derecho.

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