sábado 08 de agosto de 2020 - 12:00 AM

Extraña y peligrosa decisión

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La decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención y arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe como medida cautelar, ha sacudido al país y ha generado gran controversia tanto en el terreno político como en el jurídico.

La misma Corte que no consideró procedente dictar medida de aseguramiento a alias Santrich y lo dejó en libertad, le niega la posibilidad de defenderse en libertad a quien ha servido a su patria de manera ejemplar y ha hecho una férrea defensa de la democracia, además de haber acudido cumplida y respetuosamente a todos los llamados de la justicia.

La presunción de inocencia es un derecho fundamental y la privación de la libertad en la etapa de investigación debe ser excepcional. ¿Por qué aplicarla con base en testimonios de individuos con historial delictivo que se contradicen reiteradamente? ¿Tomó la Corte la decisión sin calcular el efecto político de la medida contra una persona de la estatura histórica del ex presidente, a quien se le reconoce haber recuperado la viabilidad del país y la democracia que parecían inexorablemente perdidas y que está considerado como el político más importante de Colombia y Latinoamérica en los últimos 20 años?

Por haber confrontado a las Farc y al paramilitarismo y por sus críticas a las negociaciones de paz, Álvaro Uribe acumuló muchos enemigos. Con la decisión de la Corte sus contradictores logran sacarlo de la escena política pues su detención le impide preservar su cargo de Senador elegido con la más alta votación de la historia y priva a su electorado de su representación ante el Congreso.

La medida ahonda la polarización que tanto daño ha causado. Mientras unos aplauden lo que consideran un ejemplo de la independencia de poderes, otra porción no despreciable cuestiona el trato desigual y exige que la Justicia recupere la majestad y dignidad de antaño, cuando los magistrados eran escogidos por sus méritos y la Justicia ofrecía equidad y garantías, única forma de asegurar una convivencia pacífica entre los colombianos.

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