sábado 17 de agosto de 2019 - 12:00 AM

Fallidas pretensiones de Odebrecht

con el resultado gana el país, se sienta un valioso precedente y se enaltece el ponderado aporte de la justicia arbitral.
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Con beneplácito recibió el país el buen suceso del Laudo Arbitral que dirimió la controversia contractual suscitada entre la concesionaria del proyecto vial Ruta del Sol Dos (Odebrecht- Episol) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Sentimiento que justificadamente se motiva en las contundentes consideraciones que de allí se derivan:

1- La decisión preserva principios rectores de la contratación estatal, entre ellos la nulidad absoluta del Contrato, porque obran expresiones de abuso y desviación de poder, comprometiendo su legalidad por ilicitud de su objeto y de su causa.

2- Se protege la destinación social de los recursos públicos, vale decir, en la atención de necesidades colectivas, como la infraestructura vial, desestimando las insólitas pretensiones del contratista por la suma de $ 6 billones, limitando sus reconocimientos a la cantidad de $ 211.000 millones, valor correspondiente al saldo adeudado por concepto de obra ejecutada.

3- Consecuencialmente, se excluye el valor de las obras que no estaban contempladas en el objeto pactado, así como las cuantías estimadas en valores que excedían los precios del mercado y, por supuesto, los eventuales sobrecostos en que pudo haber incurrido el consorcio contratado por la concesionaria.

4- Absoluta coherencia entre la decisión arbitral y las juiciosas conclusiones allegadas por la prueba pericial decretada de oficio, con fundamento en la cual el Tribunal dedujo el valor real adeudado.

5- Se blindan los legítimos derechos de terceros que obraron de buena fe, entre ellos los trabajadores, los proveedores y los financiadores del proyecto; en función de ello, el saldo adeudado debe destinarse preferencialmente a la cancelación de esas obligaciones.

La relevancia del Laudo, por sus contenidos, marca notable contraste con el desafortunado intento conciliatorio animado por el Ministerio de Transporte respecto de los bancos financiadores, conforme al cual se pretendía reconocer la suma de $1.2 billones, que excedía ostensiblemente la cuantía de la condena.

Sin duda, con el resultado gana el país, se sienta un valioso precedente y se enaltece el ponderado aporte de la justicia arbitral.

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