La recreación, como lo reconocen las sociedades más avanzadas, es un instrumento efectivo para la óptima salud mental y la convivencia pacífica en la medida en que estimula al individuo para disfrutar, valorar y conservar la vida. Sin embargo, tenemos evidencia de que en nuestra área metropolitana es excepcional encontrar gobernantes que así lo entiendan.
Dos de las más importantes iniciativas que se han gestado, los parques Recrear a comienzos de los años 80 del siglo anterior por iniciativa del alcalde Eduardo Remolina y Acualago, gracias a la enorme vocación de servicio social del gratamente recordado Rafael Ardila Duarte, se hicieron realidad por la conjunción de voluntades de empresarios y gobernantes. Hoy, lamentablemente, estas dos entidades enfrentan situaciones de insolvencia que las tienen al borde de la desaparición.
En el caso particular de Acualago, Rafael Ardila soñó que los santandereanos podrían tener un parque de diversiones acuático a la altura de los mejores del mundo y luego de mirar escenarios de diversos países para adelantar los diseños, presentó el proyecto al entonces gobernador Horacio Serpa, quien acogió la iniciativa y tramitó la aprobación de 5.000 millones de pesos. Otros aportes importantes hicieron la Alcaldía de Bucaramanga, Gaseosas Hipinto, UNAB, Aldía, Cremas, Marval, Rayco, Freskaleche, Fundación Cardiovascular, Cámara de Comercio, Promoser, El Guamito, Aliar, Comertex, Distraves, Transejes, Inrale y Prourbe para completar los $10.000 millones con los que se dio inicio al proyecto en el predio de propiedad de la Lotería de Santander, donde antiguamente funcionó el parque recreacional El Lago. El municipio de Floridablanca no aportó ni un solo peso a pesar de la invitación a sus últimos cuatro alcaldes.
¿Qué ha sucedido para que estas importantes iniciativas hoy sean inviables? Son muchas las razones, pero desde luego, no pueden ser sostenibles si no generan los ingresos para cubrir su costoso mantenimiento. Dicho en otras palabras, hay que garantizar la demanda y para ello, las entidades territoriales deberían suscribir convenios para subsidiar el ingreso de estudiantes de colegios públicos y población vulnerable, no a manera de limosna, sino como una rentable inversión social.
Es necesario que las fuerzas vivas de la región adelanten un constructivo debate para encontrar alternativas de solución a la compleja situación de Acualago. A este propósito quiere contribuir la Fundación Participar.
