En medio del fuerte y generalizado rechazo al alza en el impuesto predial, se gestan movimientos ciudadanos que instan a que los bumangueses se abstengan de pagarlo.
Sabido es que los municipios derivan una parte importante de sus ingresos del impuesto predial para invertir en obras y en programas de beneficio para la comunidad. Puesto que existe un atraso en la actualización catastral en casi todo el país, a pesar de que la ley obliga a actualizar los valores, los municipios han dejado de percibir ingresos que, bien administrados, hubieran podido mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Algunos argumentan que los ciudadanos se “ahorraron” por muchos años el pago de un mayor impuesto. Pero, ¿acaso tienen ellos la culpa de la omisión del Estado? A quienes se les multiplica súbitamente el valor de su predio mientras que su ingreso se mantiene o apenas aumenta marginalmente, si son afortunados, sencillamente no tendrían cómo pagar, así les ofrezcan incentivos por pronto pago y plazos adicionales. Se verán obligados a endeudarse o a vender, pero no será fácil encontrar compradores al precio al que aspiran, pues el alza del predial desincentiva el mercado inmobiliario.
Otros críticos señalan que el estudio fue realizado por personas que no conocen el mercado local ni la realidad de su golpeada economía y que no se permitió la participación de la Lonja local ni de los gremios, ni del Concejo.
Para bajar la temperatura al debate, la Alcaldía anunció que el aumento en el predial no podrá superar el 100%, que los ciudadanos tienen derecho de pedir la revisión de su avalúo, si lo consideran injusto y que el Concejo incluso puede solicitar al Gobierno Nacional su aplazamiento por un año.
Aunque la actualización catastral deba hacerse por ley, cometió un error el Alcalde al apresurarse a enviar las facturas a los bumangueses sin una previa revisión cuidadosa de los resultados del estudio y sin que mediara un prudente y asertivo manejo de la información al ciudadano.
