sábado 03 de octubre de 2020 - 12:00 AM

¿justicia irreformable?

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Son suficientemente conocidos los problemas estructurales que aquejan a la Administración de Justicia; bastaría con recordar las funciones electorales, en mala hora asignadas a las altas cortes en la reforma constitucional de 1991, porque introdujo en el ambiente judicial un factor de evidente connotación política que desnaturaliza y perturba gravemente su razón de ser institucional. Ciertamente, en un escenario signado por el accionar electoral entran en juego intereses personales -y en no pocos casos partidistas- que desvirtúan las funciones que le dan identidad a la Rama Judicial.

Adicionalmente, es oportuno traer a colación, como señal inequívoca de su disfuncionalidad, la congestión y la morosidad en el trámite de los asuntos judiciales.

Las iniciativas formuladas por los últimos gobiernos, en procura de subsanar tan sensible problemática, se han hundido en su trámite, seguramente por contrariar los intereses personales o de grupo de quienes intervienen en su adopción o en su validación constitucional; bien sea por medio de injustificadas resistencias al interior del Congreso, o por virtud de los filtros de inconstitucionalidad, atados al manido argumento de supuestas sustituciones de la Constitución, terreno vedado al Legislador, por tratarse de competencia privativa del Constituyente Primario.

En medio de semejantes incertidumbres y ante los probados riesgos de la vía del Acto Legislativo, el pragmatismo y la sensatez sugieren acudir al mecanismo del Referendo para replantear la estructura funcional de las altas Cortes y con el recurso de una ley estatutaria introducir los ajustes necesarios para superar las causas que agobian el desempeño de la Rama Judicial. Situación aún más apremiante ante las insólitas pretensiones legislativas y ejecutivas asumidas por la Corte Suprema, a propósito de sus recientes pronunciamientos respecto del derecho a la protesta social, al punto de ordenar regulaciones específicas sobre esa materia y prohibir el uso policivo de determinado armamento. Es imperativo regular el tema, pues no hacerlo implicaría aceptar un modelo de Administración de Justicia encasillado en una normativa presuntamente intocable.

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