sábado 27 de junio de 2009 - 10:00 AM

Justicia y Política

Uno de los ejes centrales de la democracia reposa sobre la independencia de las ramas del poder público, que están llamadas a relacionarse bajo la inspiración del principio de colaboración armónica en procura de los cometidos estatales.

La llamada inmunidad parlamentaria -que existe en muchas legislaciones del mundo- fue desmontada por la Constitución de 1991 -remplazada por el fuero de juzgamiento ante la Corte, que ha levantado más de una ampolla- porque dejó de ser un mecanismo de blindaje contra las abusivas presiones del ejecutivo, en desmedro de su independencia, para tornarse en el impúdico refugio de la impunidad parlamentaria. Gracias a su supresión el proceso ocho mil y las acciones penales contra la parapolítica mostraron eficaces resultados. Por ello la propuesta del ministro Valencia de regresar al pasado para rescatar una institución desacreditada e impopular, no solo es inconveniente sino que implica un desacierto político y un desafortunado recurso, apresuradamente formulado para disipar el fantasma de las inhabilidades que gravita sobre los Representantes investigados por la Corte, por presunto prevaricato, por haber aprobado la ley del referendo.

Pero esos episodios no han ocurrido por generación espontánea; impensable semejante despropósito si todo ello no estuviese inmerso en un contexto en el que la Corte, en los últimos tiempos, ha enviado señales inequívocas que evidencian cómo allí no solo se ventilan asuntos de alta juridicidad, sino que también subyacen actitudes que podrían interpretarse como expresiones de un sentimiento político: ¿Cómo explicar las investigaciones penales a que se hizo referencia? ¿Por qué hacerle eco a un habilidoso recurso de la oposición, con la manifiesta intencionalidad de enmarañar la eventual ley aprobatoria del referendo? ¿Cómo conciliar ese procedimiento de cara al artículo 185 de la Constitución que consagra la inviolabilidad de los congresistas por las opiniones y votos que emitan?

El tema no es la reelección, podemos estar en desacuerdo con ella, porque ciertamente no es sana para la democracia, pero si las decisiones judiciales se involucran en las controversias políticas el Estado de Derecho pierde su rumbo. Así como el escenario natural para el debate político es el Congreso, las Cortes están concebidas para discernir sobre lo jurídico.

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