sábado 17 de octubre de 2020 - 12:00 AM

La agonía de RECREAR

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Luego de 38 años sirviendo a la comunidad, 14 de los cuales tuve el honor de ser su gerente, la Corporación Parques Recreativos de Bucaramanga (RECREAR) tiene sus días contados. Siete meses después de que la pandemia forzara el cierre de sus actividades, acumula pasivos con trabajadores, proveedores y bancos que superan su capacidad de pago. Su liquidación es la opción que al parecer escogió la Junta Directiva que preside el Alcalde.

RECREAR nació en 1982 como una corporación mixta sin ánimo de lucro, de derecho privado, gracias a la iniciativa del alcalde Eduardo Remolina, quien logró reunir a destacados empresarios y dirigentes poseedores de conciencia cívica, responsabilidad social y espíritu emprendedor. Terpel, Urbanas, Davivienda, Transejes, Cámara de Comercio, fueron algunas de las empresas que acudieron al llamado con generosas donaciones. Su naturaleza jurídica y las sucesivas administraciones la mantuvieron operando por muchos años con eficiencia y a salvo de los apetitos burocráticos.

Durante cuatro décadas todos los alcaldes trabajaron de la mano de RECREAR, que administraba los parques a los que acudían desde niños hasta adultos mayores para disfrutar de sus programas recreativos, deportivos y culturales. Su labor fue de una importancia enorme para la ciudad y para el país, pues la recreación, como lo reconocen las sociedades más avanzadas, es un instrumento efectivo para la salud mental y la convivencia pacífica en la medida en que sensibiliza y estimula al individuo para disfrutar, valorar y conservar la vida.

Las declaraciones del Alcalde, anunciando su renuncia y la de sus funcionarios a la Junta Directiva en la que constituían mayoría, lejos de tranquilizar a los 84 trabajadores directos de Recrear, casi 200 indirectos y miles de ciudadanos beneficiarios, dejaron muchas dudas. Quienes siempre ejercieron con gran mística su labor social y han luchado sin cuartel por la sobrevivencia de su Empresa, no recibieron ni una palabra de agradecimiento. Además de completar 7 meses sin salario ni seguridad social, tampoco tienen ninguna garantía de que sus derechos adquiridos en décadas de trabajo sean reconocidos. No es justo dejarlos a la deriva.

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