Gran impacto ha suscitado la decisión adoptada por la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al conferir, con evidente generosidad, al ex guerrillero Jesús Santrich el beneficio de no extradición, como respuesta a la solicitud formulada por la justicia norteamericana. Para ese efecto se apoyó en el discutible argumento de insuficiencia de la prueba, para establecer con certeza la fecha en que debió acaecer el presunto delito de narcotráfico, no obstante -dice la JEP- haber insistido sobre la necesidad del suministro del acervo probatorio correspondiente; frente a lo cual le respondieron que la información aportada cumplía con los requisitos previstos en el respectivo tratado de cooperación judicial. Al parecer, la JEP aspiraba a que se le remitiera copia del expediente del proceso, lo cual es improcedente, toda vez que la reserva del sumario no permite su publicidad, mientras el caso no esté resuelto.
Lo expuesto revela que los requerimientos probatorios de la JEP estaban encaminados a la obtención del material que demostrara la comisión del delito, para cuya valoración no tiene competencia, dado que su intervención debe limitarse a verificar la fecha en que acaecieron los hechos que originaron la solicitud de extradición. En consecuencia, excedió el ámbito de su competencia, desnaturalizando la figura de la extradición, como certeramente lo advierten las dos valientes y talentosas Magistradas de la JEP, en su valioso salvamento de voto.
En el único punto en el que sí le asiste razón a la JEP, es el relativo al cuestionamiento sobre la legalidad de las pruebas recaudadas en territorio colombiano por agentes gringos, sin que hubiese mediado permiso alguno. Si bien se trata de un procedimiento reprochable, no por ello se desvanece el sustento de la petición, porque basta la resolución de acusación del Estado requirente, como razonadamente lo confirmó el Fiscal.
En la sabiduría de quien resuelva la apelación está el futuro de la maltrecha confianza en el proceso de paz.
