sábado 02 de noviembre de 2019 - 12:00 AM

La ley tributaria

Una vez más, la Corte, haciendo gala de su inveterado pragmatismo se apartó del estricto razonamiento jurídico
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La inconstitucionalidad de la llamada ley de financiamiento -por cierto expresada en lenguaje eufemístico, porque su contenido es esencialmente tributario- era un evento predecible al haberse omitido un requisito elemental de procedimiento: la publicación en la gaceta del proyecto aprobado en el Senado, a efecto de que la Cámara tuviese certeza respecto del texto sobre el cual adoptaría su pertinente decisión; en tal virtud no le era dable asumir como referente la versión verbal allí expuesta por un Senador; información que, al parecer, no resultó suficiente y, en razón a ello, no hubo exacta correspondencia en el proyecto aprobado en los dos cuerpos legislativos; circunstancia que impuso su justificado retiro del ordenamiento jurídico.

Una vez más, la Corte, haciendo gala de su inveterado pragmatismo se apartó del estricto razonamiento jurídico, prevalida del discutible mecanismo de la modulación -con la cual asume atribuciones de estirpe legislativa, vulnerando el principio rector de la separación de poderes- con fundamento en el cual decidió extender la vigencia de la ley hasta el 31 de Diciembre del presente año, pese a su simultánea advertencia de contrariedad con el ordenamiento superior.

La coherencia impone dos decisiones inexcusables: por parte del gobierno, presentar a consideración del Congreso el mismo texto contenido en la ley en cuestión, sin perjuicio de la supresión de los artículos que ya surtieron sus efectos en el tiempo, como claramente lo hizo; a su turno, le corresponde al Congreso impartir su respectiva aprobación, sin desmedro del derecho que le asiste a la oposición de ratificar su negativa frente al nuevo proyecto de ley. Lo anterior implica que las mayorías obren consecuentemente con la opinión expresada a propósito de la ley en comento. Actuar en contrario implicaría una contundente demostración de que las decisiones del Congreso no consultan los postulados del interés público, sino el cálculo y las volátiles conveniencias de orden personal, ante las cuales esta administración no se ha doblegado.

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