sábado 29 de junio de 2019 - 12:00 AM

Los auxilios parlamentarios

Es inminente el riesgo de su aprobación; ya se anunció su nueva presentación en la siguiente legislatura, con la certeza de su respaldo mayoritario, según lo demuestran los seis debates surtidos en la Cámara.

Semejante despropósito hunde sus raíces en la constitución de 1.886 -artículo 76-, al atribuirle al Congreso Nacional competencia para “Fomentar las empresas útiles o benéficas, dignas de estímulos y apoyo”. Así quedó habilitado para asignar, a su arbitrio, recursos aparentemente orientados a ese cometido. Ante los sistemáticos abusos y desviaciones de poder, el Constituyente de 1.991 -artículo 355- expresamente prohibió los auxilios y donaciones de recursos públicos, en favor de particulares.

Pese a la perentoria prohibición constitucional, la voracidad de la dirigencia política, coadyuvada por el afán de gobernabilidad de las presidencias de turno, en lo sustancial, han mantenido vigente ese funesto mecanismo, disfrazado con engañosas y sugestivas sutilezas semánticas; ello explica rebuscadas expresiones con idéntico propósito: “Fondos de cofinanciación”; “Auxilios regionales”; “Cupos indicativos” y “Partidas regionales”.

El concierto de sofismas jurídicos fue evidenciado en varias sentencias de la Corte en las que declaró inexequibles algunos artículos contenidos en Planes de Desarrollo Nacional, así como en leyes aprobatorias de presupuestos anuales. Veamos dos ilustraciones: ley 812 de 2003 –Plan de Desarrollo 2003-2006-. Igual sucedió con la ley aprobatoria del presupuesto para la vigencia fiscal de 2.001; en ambos casos se pretendió revivir los proscritos auxilios parlamentarios.

Cuando se percatan que la prohibición solo podría obviarse retirándola del ordenamiento constitucional, sin reato alguno, proponen la descabellada pretensión de asumir competencia a plenitud para la asignación del 20% del total del presupuesto de inversión.

Tan insólita iniciativa es de tal gravedad que desnaturaliza uno de los elementos centrales que sustentan la separación de poderes, como es el atinente a la titularidad en la iniciativa del gasto, que es competencia privativa del ejecutivo. Elemental entender que el organismo que estructura el Plan de Desarrollo, sea el llamado a diseñar los presupuestos plurianuales de soporte.

Es inminente el riesgo de su aprobación; ya se anunció su nueva presentación en la siguiente legislatura, con la certeza de su respaldo mayoritario, según lo demuestran los seis debates surtidos en la Cámara.

Autor
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
Otras columnas
Comentarios
Comente con Facebook
Vanguardia no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad del usuario que los ha escrito. Vanguardia se reserva el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez, que ataquen a otras personas o sean publicidad de cualquier tipo.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad