sábado 07 de mayo de 2022 - 12:00 AM

Propuesta inaplicable

El anuncio de Gustavo Petro, en el sentido de que en su Gobierno no habrá expropiación de bien alguno, revela los insólitos alcances de la desenfrenada retórica electorera...

El anuncio de Gustavo Petro, en el sentido de que en su Gobierno no habrá expropiación de bien alguno, revela los insólitos alcances de la desenfrenada retórica electorera, que se ha vuelto expresión cotidiana en el acontecer nacional, a propósito de las elecciones presidenciales. Es evidente que semejante afirmación comporta dos ostensibles incoherencias: 1. De orden ideológico. Suscita desconcierto que un movimiento de orientación izquierdista proclame, sin atenuante alguno, su categórica renuncia al ejercicio de la expropiación de bienes, porque ello desvirtúa la esencia misma de sus supuestos postulados doctrinarios, entre ellos la prevalencia de las necesidades colectivas. Paradójico que una concepción política inmersa en drástico intervencionismo de Estado renuncie al más obvio y elemental mecanismo que le confiere su identidad ideológica. 2- De orden jurídico nacional. Es evidente que la presunta renuncia configuraría una abierta discrepancia con el ordenamiento Constitucional. En efecto, cuando el Estado requiera, para la realización del interés público, la propiedad y posesión de un bien particular, cuya negociación resultare fallida, es imperativo utilizar el mecanismo de la expropiación, dada la prioridad del interés público a satisfacer; así lo consagra taxativamente el artículo 58 de la Constitución política.

De lo expuesto se infiere una conclusión fundamental: el ejercicio de la figura de la expropiación no es una decisión optativa o de carácter discrecional del gobernante de turno; por el contrario, es un ejercicio imperativo cuando el interés privado entra en conflicto con el interés público y la vía de la negociación no ha prosperado.

Así las cosas, renunciar al uso de la expropiación equivale a invertir el orden de las prelaciones, vale decir, conceder preferencia al interés privado sobre el público y, con ello, se estaría declarando anticipadamente una política caprichosa en abierta vulneración del ordenamiento superior.

En esencia, se busca enmendar el error de la pretendida estatización del capital pensional, que pertenece a sus respectivos cotizantes, mediante una fórmula que resulta a todas luces equivocada, porque desconoce flagrantemente una norma imperativa.

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Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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