sábado 01 de agosto de 2020 - 12:00 AM

Transparencia

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La lucha contra la corrupción ha preocupado a los ciudadanos desde que este flagelo azota el ejercicio de las funciones públicas. Algunos Estados han logrado establecer medidas para ubicarse entre los países menos corruptos, como es el caso de Nueva Zelanda y Dinamarca, que según Transparencia Internacional los sitúa en 2020 como los dos países más transparentes del planeta. Señala dicho informe que la seriedad con que se regula la financiación de las campañas electorales tiene una relación directa con la anticorrupción. Los países que tienen normativas más férreas en los procesos electorales son los que se posicionan en los primeros lugares de los menos corruptos.

Colombia no ha estado inmune a este mal. Las elecciones populares han causado un desbordamiento en las prácticas ilegales de la contratación, a través de la cual se persigue recuperar la inversión realizada. En representación de la Fundación Participar asistí al Comité de Transparencia por Santander para escuchar el informe que la Directora presentó a la Junta. Las cifras son alarmantes: De los contratos que se celebraron directamente por urgencia manifiesta que sobrepasan los $20.000 millones, en 135 se encontraron observaciones que afectan la legalidad de los mismos, tales como: precios elevados e injustificados, falta de verificación de idoneidad de los contratistas, entre otros. En 34 procesos revisados, no asociados a la mitigación de la pandemia, cuya cuantía asciende a $188.267.427.154 se hallaron 106 observaciones que ponen en peligro la administración de los dineros presupuestados.

Duele que los santandereanos estemos afrontando unos índices de corrupción que parece ya no avergüenzan a nadie. Se violan las normas, descaradamente, como si el COVID hubiera permeado también la conciencia de quienes realizan la contratación.

Necesitamos hacer una cruzada contra la corrupción. Transparencia por Santander seguirá trabajando en la vigilancia de los contratos públicos. Se requiere que las entidades permitan a las veedurías cívicas tener acceso a las investigaciones y que la ciudadanía ejerza una fiscalización oportuna denunciando las anomalías ante las entidades de control.

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