sábado 19 de enero de 2019 - 12:00 AM

Gisela Ruiseco Galvis

Muertes anunciadas

Son ya más de dos años desde que los colombianos votaron el tratado de paz de La Habana. Algunos no dudamos en apostar por la paz, aunque había razones para mantenernos escépticos (no precisamente las que esgrimía el uribismo). Por ejemplo: ¿qué iba a suceder con los territorios desocupados por la guerrilla que quedarían a merced de cualquier fuerza criminal?

Al llegar al gobierno, el partido responsable de la (emocionalización de la) campaña del No, muchos temimos que quedara en el limbo lo que debería haber sido un gran esfuerzo nacional para aplicar el acuerdo. Solo para mencionar algunos temas, como el de la restitución de tierras o el de la sustitución de cultivos ilegales, el Centro Democrático defendía y defiende políticas contrarias a las del tratado. Sigue apoyando primordialmente la agricultura industrial y ninguneando la agricultura familiar, además de creer que logrará algo envenenando al país con glifosato.

Solo durante la primera semana de este año fueron asesinados seis líderes sociales. Ellos son primera línea de fuego de una batalla (lamentable pero adecuada metáfora de guerra) que debería ser la del Gobierno; muchos son asesinados precisamente por tomar parte en procesos del acuerdo de paz, trabajando con organismos estatales y defendiendo la legalidad. Ojalá la prensa nos acercara más las vidas e historias de los líderes sociales amenazados.

Como Maritza Quiroz Leyva, asesinato simbólico si cabe: le habían restituido su tierra después de sufrir no solo el desplazamiento forzado, sino el asesinato de su esposo. Maritza, líder afrodescendiente que participaba del plan de desarrollo PDET de los acuerdos de paz, comenzaba de nuevo. Iba a cultivar su tierra a pesar del peligro que corría.

Cada líder social que pierde Colombia es un paso atrás en la construcción de paz. ¿Hay algo más digno de defender que estas personas quienes, a pesar de haber sufrido injusticias y tragedias desmedidas, siguen luchando por su comunidad? El Estado debe honrar de inmediato las responsabilidades adquiridas al firmar el tratado de paz.

Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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