viernes 24 de octubre de 2008 - 10:00 AM

En defensa del congreso

Nuestro país padece un verdadero torbellino de problemas. La situación económica es complicada, los problemas sociales son severos y el terrorismo aparece con sus desagradables sorpresas.

Para colmo de males los indígenas están reclamando el cumplimiento de viejas promesas. No entendemos que pasa con el Gobierno, hace promesas a la Rama Judicial, se compromete con los indígenas a entregarles unas tierras y a ninguno les cumple. Uno de los más elementales principios de la gobernabilidad es el de cumplir los pactos, y en el caso de los jueces cumplir las leyes.

No hay excusa posible. Por otro lado crear expectativas en los grupos indígenas y luego colocar talanqueras a las soluciones es peligroso. Debemos recordar que los indígenas son un sector muy importante de nuestro país y que el mundo entero es muy sensible con respecto a estas etnias. No podemos entonces dar pie a que la Comunidad Internacional además de cuestionar el tratamiento a los derechos humanos, critique el manejo del sindicalismo, rechace el tratamiento dado a los nativos. Estos hechos se convierten en un escándalo más.

Pero además de estas explosivas dificultades, nuestra democracia ha entrado en un periodo de crisis porque el Congreso está severamente cuestionado. No ha pasado una generación desde que en el célebre proceso ocho mil, varios congresistas resultaran implicados en conductas reprochables con respecto a los dineros recaudados para sus campañas. Nuestro sistema político estuvo en dificultades.

Pero ahora, nuestro Congreso padece de grandes males. La llamada para-politica lo ha afectado en materia grave; más del 30% confesado por un narcotraficante, está manchado con dineros ilícitos. Todos los días a aparece en los periódicos, o la sindicación de algún congresista, o las dudas sobre la conducta de otros. Parece que de todas las instituciones de nuestra sociedad, la Rama Legislativa del poder público ha sido la más permeable.

Esta debilidad de nuestro congreso fortalece indudablemente al gobierno y disminuye la posibilidad de un verdadero control y vigilancia. Por esta razón las actuaciones del Presidente del Senado constituyen un verdadero golpe a la democracia. Un congresista que recibe dineros en préstamos de un funcionario corrupto a quien debe vigilar no merece la investidura de senador. Pero algunos defensores de oficio  alegan que el distinguido parlamentario no ha cometido ningún delito y que por lo tanto puede continuar con su cargo y con todos los poderes que se derivan de él. Se les olvida a estos ciudadanos que la ética es fundamental en cualquier sociedad. Por esto se decía que la mujer del emperador no solamente debía ser honesta, sino parecerlo.

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