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Gustavo Galvis Arenas
Jueves 13 de febrero de 2020 - 12:00 PM

Quién da más

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El escándalo que ha provocado Aída Merlano con su detención y posterior fuga rocambolesca nos provoca serias reflexiones. Por un lado, el que hubiera una casa especialmente dotada para guardar cédulas y pagar el voto no es nada nuevo. Infortunadamente, en nuestra costa Atlántica y en otros lugares del país, esta costumbre es ya tradicional. Uno de los aspectos trascendentales de la democracia es la elección de los congresistas que sustituyó a la democracia directa de los griegos. Por ello es que existen las campañas políticas con la información escrita y verbal para que los electores conozcan suficientemente cuál va a ser el desempeño de los elegidos. Pagarles a los electores para que voten no solamente es un acto de corrupción, sino que ha sido elevado a delito. En consecuencia, la señora Merlano, por más que todas sus actitudes sean pintorescas, debe ser sancionada en consonancia con nuestras leyes. Lo demás, que a ella la engañaron los poderosos de la costa, que es una víctima, es distinto, pero de ahí sí se pueden desprender otras investigaciones serias.

Ahora bien, es el momento para que se haga una investigación general sobre el fraude electoral en Colombia o de lo contrario, adornado con la crisis de los partidos estaremos acercándonos a una crisis total del sistema democrático. La democracia liberal, ideada por Inglaterra, Francia, Estados Unidos y otras naciones, es el mejor sistema de gobierno. Si se desmorona los pueblos iniciarán otro recorrido que fácilmente desembocará en los gobiernos autoritarios.

Es el momento entonces que tratemos de ponerle fin a la corrupción electoral. El espectáculo de la señora Merlano fugándose de la clínica odontológica, para no volver a la prisión es triste y melancólico. En las pasadas elecciones para alcalde hubo muchos brotes de corrupción y de perplejidad ideológica. El gobierno, los partidos políticos y aun los sin partido deben diseñar una estrategia, con la colaboración de las autoridades judiciales para erradicar totalmente la famosa compra de votos. Todo esto es el corolario de la farsa gubernamental cuando compran adjudicaciones de contratos, exigen dinero para dar empleos y de contera escogen representantes, diputados y concejales con la vieja frase del vendedor ambulante “quién da más”.

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