viernes 01 de mayo de 2009 - 10:00 AM

Referendo y fraude constitucional

En un salón de ocio vespertino frente a un televisor, disfruté de un inusual debate en el Congreso de la República. Un senador, opositor al célebre referendo reeleccionista, sostenía que nos encontramos frente al fenómeno jurídico-político del fraude constitucional.

Me atrajo la polémica, no solamente porque es un tema interesante, sino porque ordinariamente nuestros padres de la patria no discuten sobre doctrinas, ideas o planteamientos iluminados. Agregaba el legislador que esta tesis la traía el célebre constitucionalista español Pedro de la Vega, distinguido catedrático de derecho público de la Universidad de Salamanca.

El notable profesor, sostiene, basado en doctrinas francesas que 'bajo la fórmula fraude constitucional (fraude à la Constituition), que es la que ahora nos interesa considerar, se entiende la utilización del procedimiento de reforma para, sin romper con el sistema de legalidad establecido, proceder a la creación de un nuevo régimen político y un ordenamiento constitucional diferente. Su referencia es importante, porque ilustra con extraordinaria plasticidad sobre el significado, el valor y hasta la necesidad de reconocer límites implícitos materiales en cualquier operación de revisión del texto constitucional'.

Este procedimiento de utilizar la legalidad para destruir el orden constitucional, fue utilizado por Adolfo Hitler y el Nacional Socialismo para organizar la dictadura y destruir toda juridicidad. Y continúa el señor Pérez de la Vega: 'se llegó de este modo a la singular paradoja de la destrucción total de un sistema constitucional desde el ejercicio de su propia legalidad. Con lo cual, la pregunta inevitablemente a responder no puede ser otra que la de: ¿pueden el ordenamiento y la legalidad constitucional servir de cauce para su propia destrucción? O lo que es lo mismo: ¿cabe legalmente hablar de la existencia del golpe de Estado constitucional?'.

Este fraude procesal se está utilizando en Colombia para acabar con la descentralización, establecer la reelección indefinida y destruir la separación de poderes, o la división de funciones y en general como mecanismo para destrozar la vieja legalidad. En estas condiciones no tendremos Estado de Derecho, ni mucho menos Estado Social de Derecho. 

 

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