martes 20 de enero de 2009 - 10:00 AM

El Comparendo Ambiental

En buena hora ha sido aprobada por el Congreso y sancionada por el Presidente de la República la Ley 1259 del 2008, por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del Comparendo Ambiental a quienes infrinjan las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros.

La nueva ley es muy importante porque salvo honrosas excepciones, en todas las ciudades y pueblos de Colombia se observa el incremento de basuras, desechos sólidos y escombros sin recoger, hecho que atenta contra la salud de sus habitantes, la competitividad y el turismo. En gran medida esto se debe a la notoria falta de cultura ciudadana. La situación se agrava aún más, cuando las empresas operadoras de aseo prestan un servicio de mala calidad, por ineficiencia técnica, administrativa, operativa y financiera.

Serán sancionadas las personas naturales y jurídicas que incurran en conductas contra el aseo y el buen aspecto urbano, entre las que se destacan:
*Sacar la basura en horarios no autorizados y no usar los recipientes adecuados.

*Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no autorizados.

*Arrojar basuras y escombros a las fuentes de agua y bosques.

*Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en vías o áreas públicas.

*Permitir la deposición de heces fecales de mascotas y demás animales en prados y sitios no adecuados para tal efecto y sin control alguno.
*Fomentar el trasteo de basura y escombros en medios no aptos ni adecuados.

*Arrojar basuras desde un vehículo automotor o de tracción humana o animal en movimiento o estático a las vías públicas, parques o áreas públicas.
*Disponer desechos industriales sin las medidas de seguridad adecuadas y en sitios no autorizados.

Las sanciones económicas pueden llegar a ser hasta de (2) dos salarios mínimos mensuales vigentes si es una persona natural y hasta 20 salarios mensuales mínimos vigentes si es una persona jurídica. La imposición estará a cargo de la policía nacional, los agentes de tránsito, los inspectores de policía y todo bajo la responsabilidad de los alcaldes. Los Concejos Municipales tienen un plazo máximo de un año para aprobar el acuerdo respectivo que reglamente la norma.

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