Hace tres décadas El Carrasco era un botadero de basura a cielo abierto. Un espectáculo dantesco: centenares de personas escarbando para sobrevivir de lo que dejaban los carros recolectores de la división de aseo de las Empresas Públicas de Bucaramanga, de las cuales yo era su gerente en ese entonces. Se compró el terreno de 100 hectáreas, y si mal no recuerdo, costó 12 millones de pesos de la época.
Se iniciaron los trabajos para la construcción de un relleno sanitario, con el manejo adecuado de los gases producidos por los residuos orgánicos y una planta de lixiviados para evitar la contaminación de las fuentes de agua del sector. No había ningún asentamiento urbano en el área; solo una ladrillera.
Ahora recibe los residuos residenciales de los municipios del Área Metropolitana; su ventajosa cercanía permite un esquema tarifario aceptable. Pero las presiones de diversa índole impulsan la búsqueda de otras alternativas de ubicación. Solo que ahora, para la factibilidad técnica, económica, social y ambiental de uno nuevo, influyen numerosos y poderosos actores, como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA- los municipios interesados, la CDMB y la CAS, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Comisión de Regulación de Agua y Aseo- CRA- la Superintendencia de Servicios Públicos, la Procuraduría General de la Nación con su delegada ambiental, los jueces, y hasta la Fiscalía si hubiere lugar. Más la necesaria licencia social del vecindario.
A corto plazo, no veo una opción práctica diferente al Carrasco frente a una eventual emergencia sanitaria de impredecibles consecuencias. A mediano plazo, un nuevo relleno, complementado con una planta para la producción de energía con los gases de los residuos orgánicos, si los costos lo permiten - las técnicas ya existen- y además, hacer obligatorio para reciclaje, la separación en las residencias, del plástico, papel, metales y vidrio. Mucho por hacer por la economía circular.
