Con mucha más pena que gloria el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, abandonó el gobierno del presidente Gustavo Petro, dejando en el momento de su partida una gran cantidad de problemas.
Nadie pone en duda que existen grandes brechas en la población de nuestro país. Las diferencias en cobertura de las necesidades básicas entre los más ricos y los más pobres en las diferentes regiones son abismales y se requiere hacer algunos ajustes. Pero, ¿qué sucede cuando, con la excusa del cambio, se pone en riesgo el sistema que permite generar los recursos para cubrir dichas necesidades?
La empresa privada, genera empleo, vende productos y presta servicios a la sociedad y, con ello, genera los ingresos con los que se pagan los impuestos que no son otra cosa que el instrumento para la redistribución del ingreso. La inversión pública, construida fundamentalmente sobre el recaudo de los impuestos, depende directamente de la capacidad de la empresa privada para generar valor mediante sus procesos productivos. Así, los recursos que llegan al estado vía impuestos, se convierten en los ingresos para cubrir los costos de aquellos sectores de la población que no cuentan con suficientes recursos para cubrir sus necesidades básicas. Lo que algunos parecen no entender es que, con altos niveles de inflación y créditos costos, los márgenes de utilidad de estas empresas se vuelven cada vez más bajos. Si a esto le sumamos el efecto de la reforma laboral, podemos inferir que cada día será más difícil hacer empresa, y mantenerla funcionando y esto, ineludiblemente, terminará afectando no solo los ingresos de las empresas sino la generación de empleo, el recaudo de impuestos y su reinversión en la solución de las necesidades de los ciudadanos.
El sector salud, por ejemplo, se encuentra ad portas de una de las crisis más complejas de la historia reciente. La apuesta por una reforma que desconoce los avances de los últimos 30 años y la guerra de poder entre el gobierno y las entidades prestadoras de salud, ha puesto en marcha una reacción en cadena en la que el más perjudicado es el ciudadano de a pie. La transición entre el modelo actual y el propuesto, amenaza directamente el flujo de caja de las IPS que, como su nombre lo indica son las instituciones que le prestan los servicios de salud a los ciudadanos. En un país donde la mitad de la población hace parte del régimen subsidiado (que depende de los impuestos) y la otra mitad corresponde al régimen contributivo (que depende del empleo), ¿qué futuro le espera a un país en el que cada día se hace más difícil ser empresario? Yo solo espero que seamos capaces de sobrevivir el cambio.