viernes 10 de agosto de 2012 - 7:47 PM

Siete años de “Justicia y Paz”

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Se cumplen en Colombia siete años del denominado proceso de “justicia y paz”, producto de la implementación de la ley que lleva el mismo nombre. Siete años de grandes expectativas, frustraciones y decepciones, si se tiene en cuenta que el principal propósito de dicho proceso fue la desmovilización de los grupos armados al margen de la ley en la búsqueda de la paz nacional. Y aunque hubo desmovilizaciones y hasta extradiciones, lo cierto es que sigue existiendo un conflicto armado y la paz está lejos.

En materia del concepto de justicia el balance es desalentador, puesto que se conocen muy pocas sentencias condenatorias en contra de los desmovilizados, algunas de ellas incluso anuladas por la Suprema Corte. Esto significa que el aparato judicial no ha podido procesar con suficiencia tanta criminalidad, así se hayan dispuesto unidades especiales de investigación y hasta tribunales de juzgamiento. La congestión y la mora judicial también se han apoderado del sistema de “justicia y paz”, y eso sin contar los múltiples tropiezos por la precaria colaboración de algunos desmovilizados.

No obstante ello, se rescata del proceso un acercamiento a la verdad por cuenta de las confesiones de delincuentes asociados al paramilitarismo, razón por la cual hemos podido conocer la infame historia de horror y criminalidad que ha vivido el país en los últimos veinte años. Valga reconocer que por virtud de los procesos de “justicia y paz” nos enteramos de la verdad de las masacres, el despojo de tierras, los asesinatos selectivos y, para desgracia institucional, la infiltración del paramilitarismo en la política y la empresa nacional.

Las víctimas, por su parte, han alcanzado una posición relevante en el marco del sistema, no sólo en garantía del derecho a la verdad sino en procura de construir una memoria histórica para que tanta violencia y tanta sangre no vuelva a enlutar al país. Para que la sociedad vuelva sus ojos hacia el dolor de las víctimas y para que nunca más se repita esa sistemática violación de derechos humanos.

Conscientes de las dificultades procesales, hoy por hoy se prepara una reforma a la ley de justicia y paz. Seguramente se ajustará el procedimiento para hacerlo más expedito y para seleccionar casos prioritarios, pero lo importante y trascendente es el reclamo de la sociedad: la efectiva reparación a las víctimas y la verdadera realización de la justicia en contra de los culpables, así la sanción dispuesta legalmente no sobrepase los ocho años de prisión en gracia de una transición hacia la paz.  

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Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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